Una nueva encuesta de la firma Datafolha revela que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, genera vergüenza en el 56% de los brasileños, frente a un 40% que afirma sentir orgullo. El estudio, realizado entre el 10 y el 11 de junio, incluyó entrevistas presenciales a 2.004 personas en 136 municipios de todo el país. Los resultados también muestran un profundo desencanto con otras instituciones del Estado: el 59% se avergüenza del Senado, el 58% de los diputados federales y otro 58% de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF).
En contraste, los ciudadanos expresan niveles significativamente más altos de orgullo hacia figuras locales o instituciones específicas. El 62% se enorgullece de sus alcaldes, el 61% del pueblo brasileño, el 55% de las Fuerzas Armadas y el 52% de los gobernadores regionales. Estos datos refuerzan una tendencia crítica hacia las esferas del poder central, en especial hacia Lula, en el contexto de su tercer mandato presidencial, iniciado en enero de 2023.
Los niveles actuales de aprobación del mandatario son los más bajos desde su retorno al poder. Durante sus dos primeras presidencias, entre 2003 y 2010, Lula mantuvo altos índices de popularidad. Su administración fue reconocida por la implementación de políticas sociales como la Bolsa Familia, la expansión del crédito al consumo, y el crecimiento económico sostenido, en gran medida impulsado por el boom de las materias primas, en particular las exportaciones de soja, mineral de hierro y petróleo.
Sin embargo, en su segundo mandato comenzaron a acumularse denuncias de corrupción. En 2005, estalló el escándalo del mensalão, un esquema de sobornos mensuales a parlamentarios para asegurar apoyo legislativo al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). En 2007, la Corte Suprema aceptó las denuncias contra 40 personas, entre ellas altos dirigentes del PT. Años más tarde, varios fueron condenados.
Más grave aún fue la investigación iniciada en 2014 bajo el nombre de Operación Lava Jato, que expuso un esquema de desvío de recursos millonario en la empresa estatal Petrobras, con la participación de grandes constructoras, políticos y empresarios. En 2017, Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero por el caso del triplex de Guarujá, una propiedad que habría recibido como soborno. La condena fue confirmada en instancias superiores y el expresidente fue arrestado en abril de 2018.
Lula permaneció en prisión durante 580 días, hasta que en noviembre de 2019 fue liberado por decisión del Supremo Tribunal Federal, que consideró inconstitucional el cumplimiento anticipado de pena sin que se agotaran todos los recursos judiciales. En 2021, el STF anuló sus condenas por cuestiones procesales, al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía jurisdicción. Esta decisión restableció sus derechos políticos, permitiéndole postularse nuevamente a la presidencia.
En 2022, Lula derrotó a Jair Bolsonaro en una reñida segunda vuelta, por 50,9% frente a 49,1% de los votos válidos. Sin embargo, la encuesta de Datafolha muestra que más de la mitad de los brasileños expresa hoy vergüenza al referirse a su figura, lo que refleja la persistencia de una imagen negativa marcada por los antecedentes judiciales y el escenario de fuerte polarización política.
El Congreso Nacional no escapa al descrédito. Según el mismo sondeo, el 59% de los brasileños se avergüenza del Senado, y el 58% de la Cámara de Diputados. Solo un 27% y 28%, respectivamente, dice sentirse orgulloso de esas instituciones.
La Corte Suprema también es objeto de críticas: el 58 % manifiesta vergüenza por sus miembros, frente a un 30 % que declara orgullo. Las cifras varían según la filiación política de los encuestados. Entre los partidarios de Jair Bolsonaro, el 82 % se avergüenza de los magistrados del STF, mientras que apenas un 12 % dice estar orgulloso. En cambio, entre los simpatizantes de Lula, el rechazo cae al 36 %, y el 52 % expresa orgullo por la Corte.
El tribunal tuvo un rol central en los juicios por corrupción y en el caso del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, por el cual investiga a Jair Bolsonaro y miembros de su entorno por el presunto plan para impedir la investidura de Lula.
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