César Siles, el séptimo ministro de Luis Arce bajo sospecha de corrupción en Bolivia

El ex ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, fue enviado a prisión por cinco meses mientras se desarrolla una investigación que lo implica en un presunto consorcio judicial para manipular fallos e intervenir en el poder Judicial. Se trata del séptimo ministro de Luis Arce que se aleja del gabinete en medio de acusaciones de uso indebido de las funciones públicas.

Siles renunció al gabinete poco antes del escándalo: el 14 de junio presentó su carta de dimisión en la que alegaba que habían rumores carentes de fundamento que podían afectar la gestión del Gobierno. “A fin de evitar cualquier nuevo pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder y pretenden desestabilizar el país, afectar la gestión gubernamental o evitar las elecciones generales, presento a usted como máxima autoridad del país mi renuncia”, señalaba la carta entregada al presidente Luis Arce.

Al día siguiente, el portal de noticias Brújula Digital publicó la filtración de un audio atribuido a Siles en el que se le escucha ofrecer protección a juez provincial para emitir un fallo con el cesarían a una magistrada de la Suprema. Siles no negó la autenticidad de la grabación pero dijo que ésta fue manipulada y obtenida sin su consentimiento.

El caso provocó su detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, en el altiplano boliviano, y la de otros jueces implicados en lo que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia calificó como un “intento de golpe” al Órgano Judicial.

Antes de Siles otros miembros del gabinete de Arce salieron envueltos en casos de corrupción o indicios de actos ilícitos. El primero fue a las pocas semanas de haber llegado al Gobierno, cuando el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue destituido luego de que se revelara que contrató a su pareja como jefa de gabinete. Al posesionar a su sucesor, Arce hizo referencia a los “los valores y principios” que deben guiar la función público.

El reemplazo de Cáceres fue posesionado Edwin Characayo, quien pocos meses después fue detenido al ser encontrado recibiendo 20.000 dólares que presuntamente eran el adelanto de un soborno para una titulación de tierras en Santa Cruz. Characayo fue sentenciado a ocho años de cárcel por este caso.

En noviembre de 2021, el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca, dejó el gabinete luego de que el Ministerio Público pidiera su detención domiciliaria tras una denuncia por supuesta corrupción en la designación de cargos. La denuncia contra Quelca fue hecha por una viceministra y sostenía que favoreció designaciones en cargos directivos institucionalizados en el sistema educativo superior.

Más tarde, en mayo de 2023, surgieron denuncias de corrupción en el Ministerio de Medioambiente y Agua. El entonces ministro Juan Santos Cruz, un dirigente campesino del norte del país, fue acusado de recibir 2,7 millones de dólares en sobornos de empresas que se beneficiaban con contratos de cartera de Estado.

Según las investigaciones, con las ganancias ilícitas el ex ministro habría comprado 27 inmuebles, dos haciendas y varios vehículos a través de testaferros en los departamentos de Pando (norte) y Tarija (sur).

Un año después, en marzo de 2024, Édgar Pary dejó el cargo de ministro de Educación tras acusaciones de haber favorecido a su empresa familiar con contratos estatales. Pary fue denunciado por la Junta Nacional de Padres de Familia por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. El ex ministro negó estas acusaciones y aunque admitió que la empresa cuestionada era de su familia, manifestó que se encontraba inactiva.

Finalmente en enero de 2025, las denuncias de corrupción volvieron a salpicar el Ministerio de Medioambiente. El entonces ministro Alan Lisperguer fue acusado de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada de bienes.

Según las investigaciones, Lisperguer obtuvo nueve inmuebles y se encontraron 43 depósitos “inusuales” en sus cuentas bancarias personales por parte de funcionarios e instituciones públicas. Tras destaparse el caso, el ex ministro negó las acusaciones y en una entrevista con radio Erbol afirmó: “no he robado un centavo de nadie, todo lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo”.

La publicación de un reciente informe de World Justice Project (WJP), Bolivia es el país más corrupto de América Latina y el segundo del mundo, solo después del Congo. El Gobierno restó importancia al estudio al manifestar que se desconocían la metodología aplicada y que el país avanzó mucho en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años.