Santiago Peña puso en marcha la intervención administrativa de las alcaldías de Asunción y Ciudad del Este

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó la intervención administrativa de las alcaldías de Asunción, la capital, y de Ciudad del Este, la segunda ciudad más poblada del país.

Esta medida fue aprobada por la Cámara de Diputados tras denuncias de supuestas “irregularidades” relacionadas con la ejecución presupuestaria.

La información fue anunciada por la Presidencia a través de su cuenta en X, donde se difundieron los decretos firmados por Peña que oficializan los nombramientos de los interventores en ambas municipalidades.

En el decreto 4059, con fecha 17 de junio, el mandatario designó a Carlos Pereira Olmedo como interventor de la Municipalidad de Asunción, actualmente conducida por el intendente Óscar Rodríguez del gobernante Partido Colorado.

A su vez, el decreto 4058, emitido el mismo día, establece que Ramón Ramírez Caballero asumirá la intervención en Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná, ciudad fronteriza con Brasil, donde ejerce como intendente el opositor Miguel Prieto, quien ha manifestado su intención de postularse como candidato en las elecciones presidenciales de 2028.

La decisión de intervenir ambas alcaldías contó con la aprobación de la Cámara Baja el 11 de junio en una sesión extraordinaria, atendiendo la solicitud de la Contraloría General, organismo que identificó “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes comunales”.

De acuerdo con la ley 317 de 1994, que regula las intervenciones a gobiernos departamentales y municipales, los intendentes “quedarán suspendidos en sus funciones” durante la intervención.

Los interventores designados dispondrán de 60 días para presentar un dictamen al Ejecutivo, quien posteriormente deberá remitirlo al Congreso.

Algunos legisladores opositores, como la diputada Johana Ortega, rechazaron la decisión sobre Ciudad del Este, calificándola de “revancha política”.

Ortega señaló la semana pasada: “La decisión ya estaba tomada, porque hoy Miguel Prieto es lo que en dictadura conocíamos como un perseguido político”, y comparó el caso con episodios de la época del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).

Por el lado opuesto, el diputado oficialista Hugo Meza defendió la legalidad de la figura, argumentando que Prieto tenía un “faltante” de 42.000 millones de guaraníes (aproximadamente 5,2 millones de dólares) en el presupuesto de la alcaldía.

En cuanto a Asunción, la opositora Rocío Vallejo criticó que el intendente emitió bonos por 580.000 millones de guaraníes (unos 72,8 millones de dólares) para obras públicas que no se realizaron, según sus declaraciones.

“¿Dónde está el chiste de emitir bonos, usar para gastos corrientes y no realizar las obras? Y el asunceno es el que luego va a tener que afrontar toda esta deuda”, expresó Vallejo.