Ecuador: quemaron las evidencias clave de una investigación contra la familia del narco Fito

Por orden de una jueza penal de Manta, la Policía Nacional incineró este año las evidencias recolectadas en una investigación por enriquecimiento ilícito contra cinco familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla del grupo criminal Los Choneros. Esta indagación, iniciada en julio de 2020, fue el punto de partida del actual caso de lavado de activos conocido como Blanqueo Fito, reactivado por la Fiscalía en junio de 2025.

Según reveló el medio ecuatoriano Primicias, la quema de las evidencias ocurrió el 19 de marzo de 2025 en las instalaciones de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof) de la Policía, en presencia de cuatro uniformados. La orden fue emitida por la jueza Zoila Véliz el 12 de febrero, luego de que la Policía solicitara a finales de enero que se disponga “el destino final” de los elementos bajo cadena de custodia, citando el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece plazos para resolver el uso o eliminación de indicios que no tienen interés pericial.

Las pruebas destruidas eran numerosas y variadas. Incluían documentos societarios, talonarios de facturas, computadoras, celulares, discos duros, escrituras de bienes, registros de propiedad y hasta el acta de matrimonio entre alias Fito e Inda Mariela Peñarrieta, su esposa. Entre los dispositivos incinerados había laptops, teléfonos iPhone y Samsung, agendas manuscritas, carpetas con contratos de arrendamiento, recibos de servicios, estados de cuenta bancaria, contratos de cesión de derechos y documentación contable de empresas vinculadas, de acuerdo con lo recogido por Primicias.

Durante el proceso judicial por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía señaló que la esposa de Fito reportó ingresos laborales por USD 116.711 entre 2013 y 2019, pero en el mismo periodo movió USD 2,1 millones en el sistema financiero y declaró ante el SRI USD 1,7 millones. Según la acusación, su patrimonio superaba los USD 4,8 millones e incluía varias propiedades, vehículos y participación en empresas como Queen Water S.A. y la Compañía de Transporte y Carga Pesada Jomavi S.A.

El caso también involucraba al padre de “Fito”, a su hermano y a dos cuñados, quienes, según los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), acumulaban bienes y movimientos financieros no acordes a sus fuentes de ingresos. Uno de los hermanos, por ejemplo, trabajaba como taxista, pero tenía varios bienes registrados a su nombre, incluyendo cinco vehículos y múltiples propiedades.

A pesar de los hallazgos, el juez Juan Zapata decidió el 23 de diciembre de 2020 dictar el sobreseimiento a favor de todos los procesados, alegando que la Fiscalía “no pudo recabar y presentar elementos de convicción necesarios y suficientes para presumir la existencia de un delito ni tampoco la participación de los procesados, por lo que el estado de inocencia ha permanecido incólume”, de acuerdo con Teleamazonas.

La Fiscalía apeló la decisión, pero tras agotarse los recursos, los familiares de Macías Villamar quedaron libres de cargos. En el último año, varios de ellos presentaron escritos para que el expediente fuera eliminado de los registros públicos del sistema judicial. Uno de estos pedidos fue presentado por el abogado y cuñado de “Fito”, Ronald M., quien solicitó el “ocultamiento” de la causa para evitar repercusiones personales, laborales o familiares en contra de su defendida, según consta en los documentos judiciales.

La decisión de quemar las evidencias ha generado inquietudes ahora que la Fiscalía ha abierto una nueva causa penal por lavado de activos, conocida como “Blanqueo Fito”, en la que han sido detenidos varios de los mismos familiares investigados en 2020. Según publicó Primicias, esta destrucción elimina una parte clave del rastro documental que podría haber servido como prueba referencial o comparativa en la nueva indagación.

Los nuevos procesos judiciales contra el entorno familiar de Macías Villamar coinciden con el reforzamiento de las acciones del Estado contra estructuras criminales, luego de que alias “Fito” escapara de prisión en enero de 2024, lo que desató una ola de violencia en Guayaquil y otras ciudades del país. Desde entonces, la Fiscalía ha buscado reconstruir el tejido financiero de Los Choneros para documentar el origen ilícito de su riqueza y su infiltración en actividades legales, especialmente en sectores de transporte, construcción y servicios.