Un policía militar de San Pablo fue detenido tras disparar y matar a una mujer que se encontraba en una aparente crisis psiquiátrica y portaba un cuchillo en el barrio de Pirituba, en la zona norte de la capital paulista.
La víctima, Camila Pereira da Silva, de 32 años y madre de dos niñas pequeñas, murió en el lugar tras recibir un impacto en la región torácica.
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El episodio, registrado por cámaras de seguridad el pasado jueves, se suma a otros dos casos recientes en los que agentes de la Policía Militar (PM) efectuaron un total de 69 disparos contra personas con trastornos mentales en apenas una semana.
El soldado fue detenido en flagrancia y luego liberado en audiencia de custodia
El autor del disparo, el soldado André Coelho Maximo da Costa, integrante de la Ronda Ostensiva con Apoyo de Motocicletas (Rocam), fue arrestado en flagrancia y trasladado al Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP).
En el acta policial, el delegado João Pedro Murgolo calificó la reacción del agente como “desproporcionada” y señaló que no hubo uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, en una audiencia de custodia celebrada este viernes, la Justicia concedió la libertad provisional al policía.
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La defensa del soldado, a cargo del abogado Mauro Ribas, calificó la detención como “de cuño político y electoralista”. Según el letrado, Costa cumplió los procedimientos operacionales de la PM, activó la Central de Operaciones Policiales (COP) desde el inicio del hecho y solo disparó cuando, en su evaluación, ya no tenía posibilidad de retroceder.
La nota difundida por la defensa también advirtió que la prisión provocó “extrema conmoción e inestabilidad” entre los efectivos de la fuerza, quienes habrían interpretado la medida como una señal de desamparo por parte del gobierno estadual y de la propia corporación.
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La mujer enfrentaba problemas de salud y una relación conflictiva
Según los testimonios recogidos por el medio brasileño G1, la ex pareja de Camila acudió a los policías —que se hallaban en un taller mecánico tras una avería en una de las motos— y les pidió ayuda al afirmar que la mujer lo perseguía armada con un cuchillo e intentaba matarlo. Momentos después, Camila llegó al lugar con el arma blanca.
Las imágenes de seguridad muestran a la mujer avanzar hacia los tres agentes mientras sostenía el cuchillo. De acuerdo con el interrogatorio del soldado, los policías le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara el arma y dejara de acercarse.
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Costa declaró que, durante el retroceso, chocó contra un camión estacionado y que el intenso tránsito vehicular de la calle limitaba su capacidad de alejarse, por lo que consideró que enfrentaba un peligro inminente y efectuó un único disparo.
Una tía de la víctima relató que Camila padecía problemas graves de salud desde hacía cerca de cinco años y aguardaba un trasplante de hígado desde hacía aproximadamente dos.
La familiar describió una relación sentimental marcada por rupturas y reconciliaciones constantes, y señaló que la actual pareja del ex compañero de Camila habría proferido provocaciones contra ella, lo que pudo haber motivado su traslado al domicilio del hombre. También la definió como una madre dedicada y con fuertes vínculos afectivos con sus dos hijas.
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69 disparos contra personas en crisis en solo siete días
El caso de Camila se inscribe en una serie de episodios que reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza policial y la capacitación de los agentes para intervenir en situaciones que involucran a personas con trastornos psiquiátricos.
El 3 de octubre, cinco policías atendieron una emergencia en Vila Dionísia, también en la zona norte. Antonio Nunes Batista, de 40 años y diagnosticado con esquizofrenia según su familia, fue abatido tras recibir 24 disparos. Según el acta, los agentes intentaron primero utilizar un arma de electrochoque, pero el dispositivo no surtió efecto. Su hermana, Isabel, cuestionó la actuación policial: “Es una falta de preparación de la policía”, declaró al medio brasileño.
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Una semana más tarde, el 10 de octubre, efectivos acudieron a una llamada por intento de suicidio en el barrio de Moema, en la zona sur. Gustavo Munis de Santana, de 20 años, quien realizaba tratamiento psiquiátrico por depresión, fue baleado con 45 disparos cuando, según el parte policial, extendió el brazo y apuntó un objeto hacia los agentes en un lugar oscuro. El objeto resultó ser un teléfono celular. El cuerpo del joven presentaba 27 perforaciones. Su abogada, Ana Facíllia Meira, denunció que Gustavo ya había sido objeto de abordajes violentos previos por parte de la Policía Militar. Según agentes consultados por g1, el joven había llamado a la PM al menos otras 16 veces antes de su muerte.
Especialistas advierten que los protocolos no se cumplieron
Los tres casos contrastan con las directrices del Método Giraldi, el programa de entrenamiento en tiro defensivo “para la preservación de la vida” adoptado por la PM paulista. Según una cartilla de 2009 obtenida por la redacción de g1, el método establece que el disparo debe ser la “última alternativa”, con prioridad en procedimientos que preserven vidas, y que, cuando sea necesario recurrir al arma de fuego, el agente debe efectuar “dos disparos rápidos cada vez”.
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Un oficial de la PM que participó del curso afirmó bajo condición de anonimato que las zonas que otorgan mayor puntuación al policía durante el entrenamiento son brazos, piernas, antebrazos, manos y muslos. “El Método Giraldi existe para inmovilizar al oponente, no para matar”, aseguró.
El coronel retirado José Vicente da Silva Filho, ex secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil, señaló en declaraciones recogidas por TV Globo que “hubo una reacción desmesurada” y que la PM debería revisar sus protocolos.
Rafael Alcadipani, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) e integrante del Foro Brasileño de Seguridad Pública, sostuvo que el número excesivo de disparos puede indicar que los protocolos no fueron respetados y reclamó “una investigación profunda de lo que ocurrió”.
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