Pacientes renales en Ecuador denuncian riesgo vital pese a desembolsos del Gobierno

Los pacientes con enfermedad renal crónica en Ecuador han elevado su voz ante lo que califican como una crisis sistémica que pone en riesgo sus vidas. Según el Frente de Pacientes Renales Ecuador, la deuda acumulada del Estado con las unidades de diálisis privadas supera los USD 350 millones, una cifra que refleja no solo un desbalance financiero, sino una amenaza directa a la continuidad de tratamientos vitales para más de 19.000 personas en el país.

“La diálisis no es un lujo, es una necesidad vital. Sin pagos, nuestra única alternativa es una muerte anunciada”, afirmó Gabriela Álvaro, vocera del colectivo de pacientes. La organización exige al gobierno del presidente Daniel Noboa un plan de pagos inmediato y garantías para la continuidad del tratamiento de los pacientes, en su mayoría pertenecientes a sectores vulnerables que no pueden costear terapias que superan los USD 1.400 mensuales.

La diálisis es un tratamiento vital para personas con enfermedad renal crónica, una condición en la que los riñones pierden progresivamente su capacidad de filtrar desechos, exceso de agua y toxinas de la sangre. Existen dos tipos principales de diálisis: la hemodiálisis, que se realiza generalmente en clínicas especializadas mediante una máquina que purifica la sangre, y la diálisis peritoneal, que utiliza la membrana del abdomen como filtro.

Si estos tratamientos no se realizan con regularidad, las toxinas y líquidos se acumulan rápidamente en el cuerpo, provocando graves complicaciones como hipertensión, insuficiencia cardíaca, daño neurológico, coma y, en pocos días, la muerte.

Ante los cuestionamientos, el Gobierno Nacional emitió el 3 de junio de 2025 un comunicado oficial en el que asegura haber cumplido con los pagos a las unidades de diálisis. Según la información divulgada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en mayo de este año se desembolsaron USD 22,7 millones exclusivamente para cubrir estos servicios. Con ello, el monto acumulado entregado entre enero y mayo de 2025 asciende a USD 56,8 millones.

Estos recursos, según el MSP, tienen como objetivo garantizar la continuidad de los tratamientos renales y brindar estabilidad a las instituciones que prestan este servicio vital. El mismo comunicado agrega que, en el mismo periodo, se han destinado USD 40,83 millones adicionales para la adquisición de dispositivos e insumos médicos, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos de salud a escala nacional.

“El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, continúa honrando los compromisos financieros del Estado con responsabilidad y sensibilidad social, priorizando la salud y el bienestar de los ecuatorianos”, se lee en el comunicado difundido por la cartera de Salud.

Sin embargo, desde las clínicas privadas y las asociaciones de pacientes se denuncia que estos pagos parciales no cubren ni una fracción de la deuda histórica que arrastra el Estado. Muchos centros de diálisis operan al límite de su capacidad financiera, con serias dificultades para mantener el suministro de medicamentos, insumos y personal especializado.

La situación se agrava ante la limitada capacidad del sistema público para atender a esta población. En el país, la mayoría de los pacientes deben acudir a clínicas privadas para someterse a la diálisis cada dos días, ya que ni el Ministerio de Salud Pública ni el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen una red suficiente para cubrir la demanda.

El Frente de Pacientes Renales Ecuador ha lanzado un llamado urgente al gobierno nacional para que se priorice esta crisis. En sus declaraciones, los pacientes insisten en que sus vidas no pueden depender de los tiempos burocráticos ni de los vaivenes fiscales. “Imaginen no saber si mañana podrán acceder a esa línea de vida. Esa es nuestra realidad”, compartieron en su boletín.

La tensión entre las cifras oficiales y la experiencia diaria de los pacientes revela una brecha persistente entre el discurso gubernamental y la situación en terreno. Mientras el gobierno asegura haber desembolsado más de USD 56 millones este año para unidades de diálisis y más de USD 40 millones para insumos médicos, los beneficiarios de estos servicios aseguran que la deuda sigue acumulándose y que las consecuencias son tangibles en sus tratamientos y calidad de vida.