Se disparó el precio del aceite en Bolivia: el Estado raciona el producto y se generan filas para la compra

Hay escasez en los mercados y un alza inusual en el precio del aceite. El Gobierno lo atribuye a la especulación y responsabiliza a productores y vendedores

"Antes costaba 50 Bs, ahora cuesta 115 Bs" señala el letrero de una mujer que se manifiesta por la crisis económica. El 21 de mayo en La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
"Antes costaba 50 Bs, ahora cuesta 115 Bs" señala el letrero de una mujer que se manifiesta por la crisis económica. El 21 de mayo en La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
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A las filas para comprar combustible en Bolivia, se sumaron en las últimas semanas las filas para comprar aceite refinado de soya. En medio de la crisis económica que enfrenta el país y debido a la escasez del producto en los mercados, el precio del aceite comestible se incrementó en cerca del 60%, según reportes de prensa pero testimonios de compradores señalan una suba incluso mayor.

El Gobierno atribuyó el desabastecimiento al agio para especular con los precios y responsabilizó a los productores y comerciantes.

“No es un tema de desabastecimiento y falta de producción, el elevado precio en algunos productos, es un tema de especulación y agio. Y es un tema de que algunos empresarios y comerciantes están ocultando los productos, como el aceite”, denunció el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, en conferencia de prensa.

Según datos oficiales, la producción de aceite refinado del país se destina en 70% a la exportación y el resto al consumo interno. “¿Cómo puede ser, que en un país que tiene soya hasta para exportar, pueda faltar aceite? En un país que tiene excedentes de producción de soya, de grano, y de excedentes de producción de aceite, cómo puede estar pasando lo que les acabo de indicar, hay especulación”, insistió Flores.

La Paz, Bolivia. 24 de mayo de 2025. REUTERS/Claudia Morales.
La Paz, Bolivia. 24 de mayo de 2025. REUTERS/Claudia Morales.

A raíz de la escasez y el aumento de precio, el Gobierno ha intensificado los operativos para evitar el agio y los controles fronterizos para combatir la venta ilegal de aceite y otros alimentos a los países vecinos. En paralelo, la Empresa estatal de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) mantiene el precio del aceite pero racionó su venta, lo que ha provocado largas filas y malestar en los consumidores.

Según reportes de la prensa, incluso hubo momentos de tensión entre compradores en algunos mercados de La Paz que se agolparon para adquirir el producto que llega cada tres o cuatro días, señala el testimonio de algunos vendedores.

El 23 de mayo, el presidente Luis Arce planteó 11 medidas y siete decretos para frenar la suba de precios de la canasta familiar. Uno de los decretos autoriza la importación de insumos para la producción de aceite y pollo con gravamen cero, desde el 28 de mayo hasta el 31 de diciembre. También se aplicó la misma estrategia para la importación de otros productos, como maquinaria agrícola, insumos para medicamentos, plantas de biodiésel, arroz y artículos de limpieza, entre otros.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, al atender a la prensa el 7 de abril, en La Paz (Bolivia). EFE/STR
El presidente de Bolivia, Luis Arce, al atender a la prensa el 7 de abril, en La Paz (Bolivia). EFE/STR

“El Gobierno va a tener mano dura ahora en adelante en el control, sobre todo, de estos productos (aceite o arroz) que están siendo ocultados, para las familias bolivianas”, manifestó el presidente Arce en una conferencia de prensa.

No es la primera vez que hay desabastecimiento de aceite refinado en Bolivia. A finales de 2024 hubo un conflicto similar y la administración de Arce dispuso la prohibición temporal de las exportaciones hasta que se regularice el precio. El vetó duró diez días.

La crisis económica, el alza sostenido de los precios y un nuevo periodo de desabastecimiento de combustible que este viernes cumple su tercera semana, han reactivado las protestas en varias ciudades de Bolivia, en medio de un clima de tensión y conflictividad social por las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto.

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