La asambleísta nacional electa por el movimiento Revolución Ciudadana (correísmo), Priscila Schettini Castillo, no podrá asumir su cargo tras ser sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador con la suspensión de sus derechos políticos por tres años, debido a actos de violencia política de género con connotaciones racistas contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. La sentencia fue dictada dentro de la causa N.º 250-2023-TCE, iniciada a raíz de una denuncia presentada por la propia Salazar el 20 de septiembre de 2023.
El fallo, emitido por el juez electoral Fernando Muñoz Benítez y ratificado por el Pleno del TCE el 1 de mayo de 2025, también impone a Schettini una multa de 50 salarios básicos unificados (equivalentes a USD 22.500). Esta resolución es de última instancia, por lo que solo cabe presentar acciones horizontales como pedidos de ampliación o aclaración, que no modifican el fondo de la sanción.
La denuncia también alcanzó a la abogada Angélica Porras Velasco, quien fue sancionada con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa de 30 salarios básicos (USD 13.500). Ambas fueron consideradas responsables de una infracción electoral muy grave conforme al artículo 279, numeral 14, del Código de la Democracia, por haber incurrido en violencia política de género. El tribunal concluyó que las denunciadas realizaron actos sistemáticos orientados a desacreditar la imagen personal y profesional de Diana Salazar, con la finalidad de incitarla a renunciar a su cargo.
En su resolución, el TCE señala que las acciones de Schettini y Porras se manifestaron mediante publicaciones en redes sociales y entrevistas en medios digitales, en las que emplearon etiquetas como #LadyPlagio, #LadyPaste, #Ladylmpericia y otras similares. Según la Fiscalía, estas expresiones atentaban contra la dignidad, la capacidad intelectual y el desempeño profesional de Salazar, además de contener una carga discriminatoria relacionada con su condición de mujer afroecuatoriana. Entre los calificativos proferidos se encuentran “inepta”, “ignorante”, “fraude” y “ladrona”, entre otros.
La sentencia también reconoce que las acciones de hostigamiento se extendieron a la familia de la fiscal, particularmente a su hermana, cuya imagen fue expuesta públicamente en su lugar de trabajo. Se señala, además, que las denunciadas habrían intentado presionar para que se le revocara el título profesional a Salazar, en un intento por forzar su salida de la Fiscalía General del Estado.
Schettini es parte del colectivo Acción Jurídica Popular, desde el cual también se habrían promovido las acciones denunciadas. La Fiscalía documentó un patrón de comportamiento reiterado por parte de este grupo, orientado a debilitar institucionalmente la figura de Salazar. El proceso incluyó audiencias, la designación de peritos en estudios de género, redes sociales y afrodescendencia, así como un amplio análisis de pruebas digitales y testimoniales que confirmaron la existencia de violencia política de género.
Pese a los intentos de Schettini y su defensa por recusar al juez de la causa, y por lograr el diferimiento de la audiencia de prueba, el tribunal concluyó el proceso ratificando la sanción. La jueza Ivonne Coloma presentó un voto salvado, mientras que los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres y los conjueces Édgar Toro Calderón y Álvaro Ojeda respaldaron la decisión.
Con esta resolución, se impide que Schettini asuma su curul en la Asamblea Nacional, a la que fue electa por la lista nacional de Revolución Ciudadana en las elecciones anticipadas de 2023. Schettini es esposa del ex ombudsman ecuatoriano, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Pese a haber cumplido prisión, tanto Schettini como Carrión, así como algunas figuras afines al correísmo, aseguran que el ex ombudsman fue un perseguido político de Salazar.
Antes de que se ratificara la sentencia, Schettini publicó en X: “A nivel internacional saben de la persecución en nuestra contra. La curul de Asambleísta no es mía, es la curul de miles de ecuatorianos q creen en la lucha por la verdad y justicia”. Su discurso sigue la línea del lawfare, utilizada por las altas figuras del correísmo, como el propio Rafael Correa, que han sido sentenciados por actos de corrupción.
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