Crece la persecución contra la Iglesia en Nicaragua: la dictadura prepara un amplio operativo policial para evitar procesiones en Semana Santa

El régimen de Nicaragua anunció sus planes para celebrar Semana Santa en el país que contemplan vacaciones para los empleados públicos desde el 11 al 22 de abril, 14 mil policías y más de dos mil patrullas en las calles, fiestas y actividades culturales en los balnearios, pero omitió el principal distintivo de estas celebraciones: a diferencia del resto de países del mundo de tradición católica, en Nicaragua están prohibidas las procesiones religiosas en las calles.

“Estamos preparando los planes de verano que garantizan que todos los aspectos, los aspectos festivos, turísticos, de tradición, de unión de familias, de comunidades, de gastronomía, estarán cubiertos para que las familias en todo nuestro país y nuestros visitantes disfruten de esta Semana Mayor”, anunció Rosario Murillo. De la prohibición no dijo una sola palabra en ninguna de sus tradicionales intervenciones radiales de los mediodías.

Aunque no existe unan prohibición oficial, una fuente religiosa consultada por Infobae, aseguró que las iglesias de Nicaragua se mantienen vigiladas por agentes de policía que colocan sus patrullas en las inmediaciones de los templos, y otros que llegan, ya sea con su uniforme policial o de civil, a grabar y tomar fotografías dentro de las iglesias.

“Los sacerdotes han recibido visitas, generalmente del jefe de la estación policial de la zona, para advertirles que no pueden salir en procesión y que, si lo hacen, esta vez serán llevados presos”, afirmó la fuente.

Durante la Semana Santa de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó la represión contra la Iglesia Católica, ejecutando operativos policiales para restringir las prácticas religiosas y perseguir a clérigos y fieles.

Según cálculos de la investigadora Martha Patricia Molina, ese año se impidió la realización de más de 3,000 procesiones y actividades religiosas en todo el país, incluyendo tradicionales viacrucis y peregrinaciones. En muchos casos, las autoridades permitieron que los ritos se llevaran a cabo únicamente dentro de los templos, bajo estricta vigilancia policial.

Al menos 20 personas fueron detenidas por participar en actividades religiosas durante esa Semana Santa. Entre los arrestados se encontraba el periodista Víctor Ticay, quien fue detenido después de transmitir en redes sociales una celebración religiosa. Ticay fue liberado y desterrado el 5 de septiembre de 2024.

Un sacerdote consultado en condición de anonimato dijo que este año la Semana Santa se celebrará “como se ha hecho en los últimos años”, con las procesiones dentro de los templos y siguiendo las indicaciones policiales “en el tema de la predicación” que les prohíbe referirse a temas como derechos humanos, democracia y libertad, entre otros.

La abogada en el exilio, Martha Patricia Molina, ha documentado 971 ataques contra católicos en Nicaragua, de abril de 2018 a diciembre de 2024. Estos ataques comprenden agresiones físicas contra religiosos, expulsiones, detenciones, profanaciones, confiscaciones de propiedades de la iglesia y destrucción de sitios religiosos.

La represión contra la iglesia Católica aumentó significativamente en el 2022, cuando pasó de 56 ataques registrados en 2021 a 172 en ese año, según el informe periódico de la abogada Molina, “Una iglesia perseguida”, con cierre a diciembre de 2024. Para el 2023 los ataques crecieron a 321 y en 2024, se contaron 177.

El informe también destaca que 266 religiosos han sido expulsados, desterrados, exiliados o se les ha impedido el ingreso al país en estos últimos años. La mayor cantidad de expulsiones y exilios de religiosos se registra en los años 2023 y 2024, con 63 y 64 respectivamente.

En julio de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), denunció que la dictadura mantiene ataques “sistemáticos” contra la iglesia Católica y otras denominaciones cristianas y ha cometido crímenes de lesa humanidad contra ellas, desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 hasta la actualidad.

El Grupo considera que los ataques gubernamentales se deben a que la Iglesia es vista como una potencial amenaza al control total que el régimen pretende tener sobre todos los sectores de la sociedad nicaragüense.

Monseñor José Antonio Canales Motiño, obispo de la hondureña diócesis de Danlí, afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido las procesiones religiosas porque consideran a la iglesia Católica “su enemigo número uno” y “temen que la gente, al verse unida pueda levantarse, que pueda haber un levantamiento del temor en las personas que es lo que ha cundido en los últimos años, el miedo”.

“Para ellos (Ortega y Murillo) la demostración popular de las procesiones, las inmensas multitudes católicas, son una bofetada que no quieren ver”, dice, y agrega que otro propósito de la prohibición de Ortega es “reprimir, castigar, hostigar a su mayor enemigo, la iglesia Católica”.