
Dirigentes opositores nicaragüenses afirmaron este jueves que el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podría servir de base para llevar ante tribunales internacionales a Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros 52 funcionarios por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018.
El opositor Juan Sebastián Chamorro, uno de los 222 presos políticos excarcelados y desterrados en febrero de 2023, advirtó que el informe de 234 páginas, contiene organigramas sobre lo que describe como un “sistema represor” encabezado por Ortega y Murillo, copresidentes tras la reforma constitucional de febrero. La documentación se basa en 1.631 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, que, según Chamorro, significa que para “estos 54 funcionarios, allegados al régimen, el grupo de expertos tienen la evidencia para poder elaborar un expediente personal y poderlo llevar a la justicia internacional”.
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“Ya sabemos que el Ejército, la Policía, los alcaldes, funcionarios públicos, Ortega y Murillo mismos, son culpables de estos delitos, pero este documento sostiene y determina con testimonios de personas que efectivamente estuvieron ahí y que testifican en este panel como responsables a estas 54 personas”, expresó a través de un audio enviado a medios.

“Obviamente que los responsables son muchos más. Algunos nombres hacen falta, pero eso no significa que sean inocentes”, agregó Chamorro, quien calificó el listado como “una herramienta importantísima para toda búsqueda de justicia internacional”.
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“Esto es una muy buena noticia porque trae una luz de esperanza a los familiares de las víctimas, de los asesinados, de los secuestrados, de los violentados, de los expulsados confiscados, encarcelados, desaparecidos, desnacionalizados y todas las personas que estamos buscando justicia en Nicaragua”, valoró.
Según el informe, presentado el 28 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un total de 54 personas aparecen identificadas como responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Entre los señalados figuran el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés; el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
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Por su parte, Luis Blandón, presidente de la organización opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), afirmó que el informe expone claramente “quiénes son los responsables de la represión en Nicaragua desde 2018”. Añadió que “la estructura de poder está subordinada para mantener a los Ortega Murillo en el poder mediante la represión constante”.
Blandón instó a la comunidad internacional a utilizar este nuevo informe como base para aplicar presiones diplomáticas: “Esta es una oportunidad en que la comunidad internacional puede utilizar mecanismos que presionen a la dictadura de los Ortega Murillo para abrir un camino hacia la democracia. Y esto pasa mediante una transición democrática que nos permite recuperar un país en libertad”.
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Los delitos atribuidos incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, y otros hechos que, según el grupo de expertos, constituyen crímenes de lesa humanidad en algunos casos.
La publicación de la lista coincide con el progresivo aislamiento diplomático del gobierno nicaragüense. En febrero, Nicaragua anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como su retiro de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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(Con información de EFE)
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