La dictadura de Nicaragua impuso una Ley Electoral que subordina al ente comicial a los intereses de Ortega y Murillo

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes con carácter de urgencia una nueva Ley Electoral, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que refuerza su dominio absoluto sobre el sistema político del país.

La normativa introduce cambios que consolidan su permanencia en el poder, eliminan cualquier resquicio de independencia electoral y otorgan al régimen la facultad de disolver partidos opositores con total discrecionalidad.

La ley formaliza la figura de copresidentes, permitiendo que Ortega y Murillo ejerzan el cargo de manera conjunta. Además, amplía el período de Gobierno de cinco a seis años y subordina al Consejo Supremo Electoral (CSE) al Ejecutivo, anulando cualquier posibilidad de imparcialidad en futuros comicios.

El nuevo marco electoral refuerza el dominio del oficialismo sobre el CSE, al reducir el número de magistrados de siete a seis y dividirlos entre tres propietarios y tres suplentes, lo que facilita el control absoluto sobre las decisiones del organismo.

Asimismo, disminuye la edad mínima para ser magistrado de 30 a 25 años y eleva de cuatro a seis años el tiempo mínimo de residencia en el país requerido para optar al cargo, lo que restringe la participación de figuras opositoras en el sistema electoral.

Otro cambio clave es la modificación en la composición de la Asamblea Nacional, que pasa de 91 a 94 diputados. Con esta reforma, los dos copresidentes salientes se integrarán automáticamente al Parlamento, garantizando la permanencia de Ortega y Murillo en cargos de poder incluso después de una eventual salida de la Presidencia.

Además, los dos candidatos opositores que obtengan el segundo lugar en las elecciones presidenciales también se incorporarán, lo que permitiría al régimen presentarse como “inclusivo” mientras mantiene bajo control a cualquier disidencia.

Nuevos mecanismos de represión

Uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación es la ampliación de los mecanismos para la cancelación de partidos políticos, otorgando al Ministerio Público, otros partidos y cualquier ciudadano la facultad de solicitar la disolución de agrupaciones que, según el régimen, incumplan la Constitución o las leyes.

Además, el Consejo Supremo Electoral podrá actuar de oficio para eliminar cualquier partido que desafíe el control del oficialismo, lo que facilita la persecución y eliminación de organizaciones opositoras sin necesidad de justificación.

Esta nueva legislación es el resultado de la reforma constitucional que entró en vigor en febrero y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y líderes opositores nicaragüenses.

La reforma ha transformado al Estado en un instrumento del régimen al eliminar la separación de poderes, establecer que el Ejecutivo coordine todos los órganos estatales y otorgar a Ortega y Murillo el control absoluto del país.

La reforma también ha legalizado la creación de “fuerzas militares de reserva patriótica” y una “policía voluntaria”, que según denuncias de opositores y organizaciones de derechos humanos, funcionarán como fuerzas parapoliciales y paramilitares dedicadas a la represión de cualquier forma de disidencia. Estas estructuras operarían al margen de la ley, permitiendo al régimen intensificar la persecución de críticos, periodistas independientes y activistas de derechos humanos.

La aprobación de esta ley se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional para el régimen de Ortega y Murillo. Desde la represión de las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de exiliados, la dictadura sandinista ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos internacionales.

Sin embargo, lejos de ceder ante la presión, Ortega ha respondido con una serie de medidas destinadas a eliminar cualquier forma de oposición interna, asegurando la permanencia indefinida de su régimen en el poder.

Mientras el oficialismo presenta estos cambios como una “actualización” del sistema electoral en concordancia con la nueva Constitución, organismos internacionales y líderes opositores han denunciado que esta reforma profundiza el carácter autoritario del régimen y convierte a Nicaragua en un Estado de partido único, donde las elecciones serán solo un trámite para legitimar el control absoluto del régimen.

(Con información de EFE)