Un grupo de 177 migrantes venezolanos retornó la noche de este jueves a su país en un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa, procedente de Honduras, luego de haber estado retenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde los migrantes fueron recibidos por el “número dos del chavismo”, Diosdado Cabello, quien agradeció al Gobierno hondureño por su colaboración en el proceso de repatriación.
“El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario, y están regresando a su país, están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos”, afirmó Cabello, quien calificó Guantánamo como un “infierno”.
El funcionario de la dictadura también señaló que se investigará si entre los repatriados hay miembros del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional designada como grupo terrorista por el Gobierno de Estados Unidos. “Si hay uno, diremos uno; si hay dos, diremos dos, si no hay ninguno, diremos que no hay ninguno, porque aquí no hay chantaje”, aseguró.
Según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV, los repatriados –con mascarillas rojas– cantaron el himno nacional dentro del avión antes de descender en grupos y caminar en fila hacia las instalaciones del aeropuerto, escoltados por funcionarios de seguridad.
La administración del régimen, liderada por el dictador Nicolás Maduro, informó previamente que había solicitado la repatriación de estos migrantes, quienes, según Caracas, fueron llevados “injustamente” a Guantánamo antes de ser trasladados a Honduras para su posterior retorno a Venezuela.
Este es el segundo grupo de venezolanos repatriados luego de que Caracas aceptara recibir deportados desde Estados Unidos a finales de enero, tras la reunión entre Richard Grenell, representante especial del presidente Donald Trump, y Maduro en la capital venezolana.
Por su parte, Costa Rica también recibió este jueves un vuelo con 135 deportados de San Diego, Estados Unidos, la mitad de ellos menores de edad y dos mujeres embarazadas. A diferencia de Honduras, los civiles aterrizaron en la capital y fueron trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes, en la rural Corredores, cerca de la frontera con Panamá, donde permanecerán un máximo de 30 días a la espera de las pertinentes gestiones para el regreso a sus naciones.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, precisó que se trata de ciudadanos asiáticos que accedieron a volver a sus naciones de manera voluntaria y “no representan ningún problema para la seguridad”.
“Todas las personas que llegarán al país ya pasaron filtros de seguridad en Estados Unidos, no se trata de criminales”, aseguró para la tranquilidad de los costarricenses.
Asimismo, el viceministro del Interior, Omer Badilla, recordó que se trata de una asistencia a su “económicamente poderoso hermano del norte”, en un momento en que Donald Trump lidera una intensa persecución contra la inmigración ilegal.
“Nosotros somos colaboradores cercanos de Estados Unidos (...) Ayudaremos a recibir a 200 migrantes de Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, países de Asia central y de la India (...) Ayudaremos con 200 que serán enviados, nos ayudan a procesarlos y, con todo pago, estarán en el puesto unas semanas. Después, Estados Unidos los manda en aviones a su país”, insistió el presidente, Rodrigo Chaves.
De esta manera, Costa Rica se sumó a Panamá y se convirtió en el segundo país en acceder al pedido del secretario de Estado, Marco Rubio, para actuar como “puente” en los operativos de deportación.
Hasta el momento, el Gobierno de José Raúl Mulino ya ha recibido a 299 migrantes, a los que ubicó en habitaciones de hotel custodiadas por la policía y en un campamento remoto en la provincia del Darién.
Estas gestiones, sin embargo, han suscitado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denunciaron condiciones inapropiadas de alojamiento y riesgos de regreso a naciones poco seguras.
Al respecto, Badilla declaró que “Costa Rica es un país garante de los derechos humanos” y aseguró que “vamos a garantizar que (los deportados) sean devueltos a países seguros”. “No podemos dejar eso al azar por un compromiso ético y moral de nuestro país”, sumó.
Por su parte, Mulino desmintió que se esté “maltratando” a los migrantes y, por el contrario, dijo que “se les está garantizando su comida al día” y se están “respetando sus derechos humanos”.
(Con información de AP, EFE y Reuters)
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