Al empresario Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, solo se lo había visto a través de un streaming. Allí, ante las personas conectadas, dijo que estaba para “poner la cara”. Pero este lunes se lo vio personalmente: el socio del principal fondo ganadero de Uruguay que esfumó el dinero de los ahorristas tuvo que presentarse ante un juzgado penal.
Carrasco y su socio, Gustavo Basso (fallecido en un accidente de tránsito en noviembre) eran dos personas conocidas en Uruguay y generaban confianza a los inversores. La confianza era tal que algunos inversores decidieron poner allí los ahorros de toda su vida. Otros utilizaban la oportunidad para vivir de las rentas que les daba.
La empresa se dedicaba a captar dinero de pequeños, medianos y grandes inversores y, en teoría, lo utilizaban para comprar ganado. A cambio, pagaban una renta fija de al menos un 7% anual. Pero, después de conocerse la crisis de otros dos fondos ganaderas en el país, se supo que Conexión Ganadera también tenía números rojos: su déficit patrimonial supera los USD 230 millones de dólares.
Carrasco, su esposa, Ana Lewdiukow, y la viuda de Basso, Daniela Cabral, tienen varios frentes abiertos.
Los tres socios de Conexión Ganadera se hicieron presentes este lunes en el juzgado para escuchar que la jueza Diovanet Olivera dispuso el cierre de fronteras para ellos por 180 días y la entrega de documentos.
Muchos de los abogados que llegaron a la sala y algunos operadores judiciales esperaban que un grupo de damnificados estuviera afuera del juzgado manifestándose, pero esto no sucedió, según la crónica de El Observador.
El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, señaló que está en un proceso de “sistematización y recepción” de las denuncias, pero que todavía no ha podido ahondar en los detalles del caso. Hasta el viernes, las denuncias eran 52 y representaban a unos 1.000 de las 4.200 personas afectadas.
En la audiencia, Carrasco y su esposa comentaron que se mudaron desde Montevideo a un campo en Florida (un departamento a unos 100 kilómetros de la capital), mientras que Cabral contó que sigue viviendo en su casa en la ciudad principal de ese departamento (provincia). A la mujer se le quebró la voz cuando dijo que su estado civil es “viuda”.
El fiscal Rodríguez justificó que los tres involucrados debían fijar domicilio, entregar sus documentos y no salir del país durante 180 días, mientras comienza la investigación. La Fiscalía pretendía asegurarse la presencia de los involucrados cuando el fiscal requiera que declaren y evitar que se fuguen, dadas las posibilidades económicas que tienen.
Pablo Donnángelo, uno de los defensores de Cabral, dijo que su clienta “está pasando por un momento muy duro por la muerte de su marido” y tiene “pocas ganas” de “salir a recorrer el mundo”. Señaló que pretende que la investigación termine “lo más rápido posible”.
Los abogados de los denunciados aceptaron las medidas y la jueza decretó por 180 días el cierre de fronteras y la entrega de documentos.
Esta medida ya había sido adoptada por la jueza de forma provisoria hasta este lunes.
Pero además de esta causa penal, este lunes el juez de Concurso Leonardo Méndez dispuso el concurso necesario de Conexión Ganadera y de Hernandarias XIII, una empresa que pertenece al grupo empresarial y amplió el embargo, que asciende a USD 250 millones.
El juez consideró que está “acreditado sumariamente” que Carrasco, su esposa y la viuda de Basso son personas “estrechamente vinculadas a la administración” de la empresa y que tenían “conocimiento del estado de insolvencia” de las firmas deudoras, según el decreto informado por El País.
Como la propia empresa aceptó el concurso, es “evidente que el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo”, consideró el juez.
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