La percepción de la corrupción en Bolivia empeoró en relación al año pasado y logró su puntuación más baja en los últimos 12 años, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 presentado este martes por Transparencia Internacional. El país sudamericano registró 28 puntos, uno menos que el año anterior y está por debajo del promedio regional que es de 42 sobre 100.
El IPC clasifica a 180 países según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a mucha corrupción y 100 a una muy baja corrupción, explica el informe. El informe anual revela que 47 países experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones desde 2012, mientras que solo 32 países mejoraron.
Bolivia registró este año su nivel más bajo en los últimos 12 años de los que se tiene registro en la página de Transparencia Internacional. El puntaje más alto en este periodo se obtuvo en 2014 cuando alcanzó los 35 puntos. Sin embargo, a partir de entonces la calificación ha descendido de manera progresiva.
En el listado global, Bolivia ocupa el puesto 133 y en América Latina el número 25 de 32 países. El reporte de Transparencia Internacional sostiene que “la corrupción generalizada en las Américas fomenta las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, obstaculiza los esfuerzos para combatir el cambio climático”.
Adicionalmente, el reporte señala que la corrupción ha permitido que el crimen organizado opere con libertad, facilitando los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna silvestre.
Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 76, 63 y 58 puntos, respectivamente. Son los únicos tres países de América Latina por encima de los 50 puntos, según el IPC correspondiente a 2024.
Por debajo del puntaje de Bolivia, en América Latina se colocan Honduras (22), Paraguay (24), Guatemala (25) y México (26).
La organización mide la percepción de la corrupción en el sector público según 13 fuentes de datos, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y empresas privadas de riesgo y consultoría.
Casos de corrupción
Los casos más recientes de corrupción a nivel nacional tienen que ver con el Ministerio de Medioambiente y Agua. A mediados de enero fue destituido el entonces ministro Alan Lisperguer, a quien se acusó de haber recibido sin justificación más de un millón de bolivianos (142.000 dólares) en sus cuentas bancarias provenientes de 43 depósitos de funcionarios públicos e instituciones.
Según las investigaciones, en enero pasado Lisperguer tenía nueve inmuebles registrados a su nombre. Sin embargo, en su declaración jurada del 5 de marzo de 2024 -día en el que fue posesionado- solo declaró tener dos.
A este caso esto se suma el despido del guardaparques Marcos Uzquiano el 30 de diciembre de 2024 como jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, luego de denunciar una red clandestina de caza de jaguares en territorio boliviano. Su destitución generó fuertes críticas de organizaciones ambientales y legisladores. A raíz de eso, un fallo judicial logró su restitución en enero de 2025.
Anteriormente otros ministros de esta gestión estuvieron implicados en casos de corrupción: otro del Ministerio de Medioambiente y Agua, dos del Ministerio de Educación y dos del de Desarrollo Rural y Tierras.
En los gobiernos locales también se investiga corrupción. En la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra se denunció un caso de manipulación del sistema informático del Registro Único de Administración Tributaria para el desvío de tributos a terceras personas, entre otros casos.
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