Unas 7.000 personas tienen incertidumbre en Uruguay por el destino de sus ahorros. Son personas que invirtieron en tres empresas que captaban el dinero de los pequeños, medianos y grandes ahorristas y, en teoría, los utilizaba para comprar ganado. A cambio, ofrecían una renta fija de al menos 7%. Entre los inversores afectados, hay integrantes de la Iglesia Católica.
El primer fondo en caer fue el Grupo Larrarte, que acumuló más de 40 denuncias por estafa. La empresa le aseguraba a sus inversores que les gestionaba un ganado que les pertenecía, pero nunca los había registrado. A mediados de septiembre del año pasado entró en concurso de acreedores.
Luego fue el turno de República Ganadera, una empresa que junto a un grupo de inversionistas buscan una salida para 1.450 inversores. La empresa entregó una serie de datos preliminares a los inversores de los que surge que ocho de cada 10 tendrían solo entre el 1% y el 30% del ganado que les correspondería por el contrato que hicieron.
La tercera empresa en caer fue Conexión Ganadera. Se trata de la primera empresa de este rubro –tiene 25 años de experiencia– y la que tiene más inversores (son cerca de 4.000). El director de la firma, Pablo Carrasco, confirmó días atrás que la firma tiene un déficit patrimonial de cerca de USD 250 millones (tiene activos por USD 150 millones y un pasivo de USD 400 millones).
Esta última firma es la que tiene más inversores. En el listado de más de 4.300 inversores damnificados, aparecen al menos tres referencias a personas vinculadas a la Iglesia Católica, informó La Diaria. La diócesis de Canelones tiene cinco contratos vigentes con Hernandarias XIII, la empresa de Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, por un monto total de USD 542.533.
Son contratos de arrendamientos para la cría de terneros en el departamento de Artigas. El vínculo entre la diócesis y Conexión Ganadera comenzó en 2020 y se renovó varias veces.
El propio obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, confirmó a La Diaria la información y detalló que las inversiones se realizaron “gradualmente”. “Esto empezó con el obispo anterior. Yo llegué en 2021 y continuamos con la inversión. Para el funcionamiento de la diócesis era algo muy bueno, porque nos pagaban los intereses en fecha y eso nos aseguraba el cumplimiento de muchas obligaciones”, explicó el medio uruguayo.
La iglesia de Canelones destinaba los intereses que ingresaban de forma periódica al “sostenimiento de la vida diocesana”.
¿Por qué la diócesis de Canelones eligió Conexión Ganadera? Bodeant explicó que se trataba de una “empresa conocida” que tenía 25 años de trayectoria y era liderada por empresarios “con presencia pública” que “inspiraban confianza y cumplían con sus compromisos”. “En ese marco, desde la diócesis decidimos continuar con ellos. Y ahora lo lamentamos, como el resto de los afectados. La mayor parte de nuestro dinero estaba allí, no es que tengamos mucho más. Para nuestra economía es un monto muy importante”, declaró el obispo.
El ecónomo de la diócesis es quien mantiene al obispo al tanto de la situación. La estrategia es activar la demanda por la vía civil y no por la penal.
“Nuestra preocupación es la misma que tienen todos los demás afectados, parece bastante claro que será muy difícil recuperar todo lo que se invirtió. Es terrible lo que está sucediendo. Obviamente me preocupa mucho la situación de la diócesis, pero también lamento el daño que esto le genera al país”, expresó.
Hay otras dos entidades y personas vinculadas a la Iglesia Católica que aparecen afectadas por estas maniobras.
Bodeant contó que nunca tuvo contacto ni con Pablo Carrasco ni con Gustavo Basso. Ellos dos fueron las caras visibles de Conexión Ganadera durante 25 años. Pero en noviembre del año pasado, Basso murió en un accidente de tránsito en Florida y el “contexto” de su muerte es investigado por Fiscalía, según informó El Observador. El fiscal busca acceder a la computadora del Tesla que manejaba el empresario cuando murió. Basso era un ferviente católico que iba a diario a la parroquia de Florida.
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