La Fiscalía de Chile inició este martes con las imputaciones contra criminales vinculados al Tren de Aragua, por las cuales presentará formalmente acusaciones contra 19 personas.
El proceso comenzó este martes y durará una semana. Durante estos días, los sospechosos serán acusados por sus nexos con el Tren de Aragua y la facción local, los Piratas de Aragua, de crímenes varios como secuestro y homicidio, y más específicamente, por su rol en el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en el país.
La primera audiencia se centró en dos sujetos detenidos la semana pasada en un importante operativo realizado por la Policía de Chile contra los Piratas de Aragua, y en otras tres personas que fueron acusadas en ausencia, dado que se encuentran detenidos en el exterior.
“Estos tres imputados detenidos en el extranjero serán formalizados (acusados formalmente) en ausencia, para iniciar la extradición”, indicó el Ministerio Público tras el encuentro de esta jornada, que se realizó a puerta cerrada.
Con estas acciones, el Gobierno chileno busca dar respuesta al asesinato de Ojeda, hace casi un año, luego de que fuera secuestrado el 21 de febrero de 2024 y encontrado muerto diez días más tarde.
Desde un primer momento, la Fiscalía consideró que el caso tenía un trasfondo político y acusó al régimen de Nicolás Maduro por estar detrás de él, especialmente al tratarse de un disidente. Inclusive, en los últimos días, el Gobierno de Gabriel Boric aseguró que uno de los criminales detenidos recientemente aportó datos clave que condujeron a una hipótesis que plantea al ministro del Interior chavista Diosdado Cabello como uno de los principales cerebros detrás del crimen, lo que elevó aún más la tensión entre las partes y el deseo de Santiago de avanzar en la investigación.
“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, dijo el detenido, identificado como Julio Iglesias.
En base a su declaración, el subsecretario del Interior chileno, Luis Cordero, se refirió a una posible acusación formal contra Cabello y aseguró que “cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición”.
“Un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito serio, cualquiera sea el lugar donde ocurra”, sumó. Asimismo, mencionó que Chile aún no descartó una presentación del caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, acompañó la posición adoptada por el Gobierno de Boric y dijo que “cualquier persona que haya intervenido en este delito o que haya cometido un delito bajo las leyes chilenas va a ser perseguida por la Fiscalía”. “Es irrelevante o indiferente si (es) una autoridad de un gobierno extranjero, si se encuentra viviendo en un país extranjero”, comentó.
No obstante, el Ministerio Público podría demorar en avanzar contra el funcionario chavista dado que aún se trata de una investigación en curso y deben analizarse en profundidad estos “indicios” que lo vinculan al crimen.
Desde el Palacio de Miraflores, sin embargo, se distanciaron en todo momento de estos señalamientos y negaron estar relacionados con el crimen.
A la par de estos procesos, la Fiscalía de Chile “está trabajando también en colaboración con las autoridades policiales de los Estados Unidos” con el objetivo de conseguir la extradición de El Turco, el supuesto líder de la banda criminal en el país.
“Esta persona se encuentra detenida en los Estados Unidos y pronto vamos a darle curso a la petición de extradición conforme la ley. Estamos trabajando en ello”, concluyó Valencia.
(Con información de AP)
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