Siguen los coletazos tras la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado de Chile para convertirla en museo, un “autogol” del gobierno de Gabriel Boric que ya le costó el puesto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
Ello puesto que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó este martes que la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández -hija y nieta del exmandatario-, serán citadas a declarar en calidad de imputadas.
“No hay nadie por sobre la ley”, sostuvo el mandamás del Ministerio Público, según reza una nota de BioBíoChile.
Valencia, eso sí, declinó dar mayores antecedentes puesto que la causa es reservada.
“Cuando una investigación se inicia, lo he dicho muchas veces, no se sabe cómo termina. Lo importante es que los hechos se esclarezcan y, en definitiva, los fiscales, de manera objetiva e imparcial, establezcan si se cometió algún delito. Y eso es lo que nos importa”, señaló.
Cabe recordar que la causa en contra de ambas autoridades se abrió tras una querella por fraude al fisco estampada por el abogado militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana.
La noticia de la adquisición - por un valor de $933 millones de pesos (USD 936 mil)- que beneficiaba a la ministra Fernández, una de las dueñas de la vivienda, circuló el último día de 2024, pero apenas iniciado el nuevo año estalló el escándalo.
Ello, puesto que la Constitución establece que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
El asunto también salpicó a la senadora Isabel Allende (PS), otra de las dueñas de la casa ubicada en calle Guardia Vieja, en la comuna santiaguina de Providencia, ya que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”, según reza la Carta Magna chilena.
Otros testigos citados son la jefa de División Jurídico-Legislativa del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya; la Directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo; la exjefa de Gabinete de ministra de Bienes Nacionales, Denisse Hernández; la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez; el Subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara y el jefe de la División del Ministerio de Bienes Nacionales, Pablo Maino.
“Puede haberme equivocado”
Tras conocer la noticia, la senadora Isabel Allende indicó que ella y su sobrina siempre se han mostrado dispuestas a colaborar “con las instituciones, con la justicia, así como lo estamos haciendo con el Tribunal Constitucional”.
La parlamentaria no ahondó en el tema puesto que “es un proceso que está en curso, estamos recién empezando a interiorizarnos y necesitamos preparar nuestra defensa con abogado”.
Sin embargo, sostuvo que “siempre actuamos de buena fe y no tenemos nada que ocultar”.
Tocante a si sabía que la Constitución le prohíbe celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado, Allende reconoció que “yo pude haberme equivocado (y eso), lo va a dirimir el Tribunal Constitucional”.
“Y una sola cosa, esto no mancha la figura de Salvador Allende”, remató taxativa.
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