Una reciente encuesta nacional conducida por Comunicaliza revela que el caso de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil, tras ser detenidos por militares, es ampliamente conocido entre los ecuatorianos.
Según el sondeo, el 79,2% de los encuestados afirmó haber escuchado sobre el caso. Entre quienes conocen del hecho, el 64% considera que los militares estuvieron directamente involucrados en la desaparición de los menores.
De acuerdo al estudio de opinión, del porcentaje que conoce sobre el caso, 27% cree que los militares involucrados son infiltrados de bandas criminales, el 24% asegura que hubo uso excesivo de la fuerza, mientras que un 13% indica que hubo una negligencia en la cadena de mando militar. El 36% restante dice no estar seguro de la participación de los uniformados.
El estudio también destaca que el 29,5% de los encuestados señala que la principal medida para evitar que este tipo de hechos se repita es depurar a las Fuerzas Armadas para eliminar posibles infiltrados de grupos delincuenciales. Por otro lado, el 18,1% cree que es necesario mejorar la instrucción de los militares, y el 17,5% aboga por castigos ejemplares para los involucrados y sus superiores. En cuanto a la percepción de responsabilidad, el 23% apunta como principal responsable a las Fuerzas Armadas en general, mientras que el 16,8% señala al Gobierno Nacional. Un 46,9% de los encuestados no pudo identificar un responsable claro.
<b>Rechazo a las declaraciones del Ministro de Defensa</b>
Las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en la cadena nacional del lunes 6 de enero han generado un rechazo unánime de instituciones como la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, la Asociación de Jueces del Ecuador y organizaciones de derechos humanos y profesionales. Durante la transmisión, Loffredo, lejos de asumir la responsabilidad estatal en el caso, descalificó la sentencia de hábeas corpus emitida por la jueza Tanya Loor, quien determinó la existencia de desaparición forzada. Además, el ministro sugirió que los discursos de derechos humanos son utilizados como “instrumento de persecución política”.
La Corte Nacional de Justicia reaccionó inmediatamente, calificando las declaraciones como un ataque directo a la independencia judicial. En su comunicado oficial, señaló que “un Estado de Derecho se fundamenta en una justicia independiente. Amenazar o sancionar a jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a este principio y al debido proceso”.
La Asamblea Nacional, por su parte, criticó duramente la actitud del ministro. En su comunicado, describió la cadena nacional como un intento de “politizar una decisión judicial para victimizarse y llevar al campo mediático algo que es judicial”. Además, la institución rechazó cualquier intento de interferencia en las funciones del Estado: “La justicia no puede ser silenciada por quienes temen la verdad”, concluyó.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces advirtió que “es aberrante que se pretenda politizar una decisión judicial para encubrir la responsabilidad del Estado en una grave violación de derechos humanos”. Rechazaron categóricamente los ataques hacia la jueza Tanya Loor, quien, según ellos, actuó en estricto apego a la Constitución y la ley.
A este rechazo institucional se sumaron más de 30 organizaciones de derechos humanos, que emitieron un pronunciamiento conjunto. En el documento, las organizaciones calificaron las declaraciones de Loffredo como un intento de obstaculizar la justicia y perpetuar la impunidad. “Rechazamos las falsas disculpas públicas emitidas por el ministro de Defensa, que intentan burlar la justicia constitucional y denigrar el acceso a la justicia de las familias de los niños de Las Malvinas”, señala el texto.
El Foro por la Democracia, integrado por profesionales del derecho y las ciencias políticas, también expresó su rechazo. En su comunicado, señaló que las declaraciones del ministro se dieron “para intimidar a la jueza que determinó la existencia de desaparición forzada”. Además, el Foro destacó que los derechos humanos “no son un instrumento de confrontación política, sino garantías jurídicas universales que protegen la dignidad humana y promueven la justicia” por lo que sus defensores “están amparados por el derecho internacional y deben ser protegidos frente a cualquier forma de hostigamiento o intimidación”.
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