República Dominicana: Gremiales empresariales respaldan la designación de siete jueces para la Suprema Corte

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaron su respaldo a la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que la renovación del máximo tribunal abre una etapa para consolidar la independencia judicial, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones de República Dominicana.

Ambos gremios empresariales felicitaron a los magistrados seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), incluido Justiano Montero Montero, designado para presidir la SCJ. También destacaron las designaciones de Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomedes Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau y Ylona María de la Rocha Camilo.

La AIRD puso el foco en la experiencia acumulada por los nuevos jueces, tanto entre quienes han desarrollado su carrera dentro del Poder Judicial como entre aquellos que proceden del ejercicio privado de la abogacía, la docencia y el arbitraje. Para el gremio industrial, esa convergencia de perfiles puede ampliar la diversidad de miradas dentro de la SCJ y a la calidad de sus futuras decisiones.

La asociación sostuvo que la combinación de trayectorias judiciales, académicas y profesionales puede fortalecer la consistencia de los criterios jurídicos. También vinculó el funcionamiento del tribunal con la necesidad de respuestas oportunas para los ciudadanos y las empresas que recurren a la justicia para resolver controversias.

La AIRD vinculó la estabilidad judicial con la inversión y el empleo

La AIRD señaló que la seguridad jurídica es un componente central para el desarrollo productivo, debido a que la aplicación previsible de las normas y la resolución de los litigios dentro de plazos razonables favorecen la actividad económica.

Según la entidad, un sistema judicial con criterios estables genera mejores condiciones para la inversión, la creación de puestos de trabajo y el crecimiento de las empresas. En ese sentido, manifestó su expectativa de que los nuevos magistrados apliquen sus conocimientos a una justicia independiente, eficiente y apegada al Estado de derecho.

El gremio industrial indicó que la nueva composición del alto tribunal representa una oportunidad para fortalecer la calidad de las sentencias y la capacidad institucional del Poder Judicial.

El CONEP destacó el papel del CNM y reclamó procesos basados en el mérito

Por su parte, el CONEP consideró que la selección de los integrantes de la Suprema Corte tiene incidencia directa en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La organización afirmó que una judicatura independiente, íntegra y con capacidad técnica resulta necesaria para elevar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

El consejo empresarial valoró el trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. A la vez, sostuvo que los mecanismos de designación para las altas cortes deben mantenerse bajo parámetros de mérito, trayectoria profesional, integridad e independencia.

Para el CONEP, una Suprema Corte de Justicia sólida e independiente es una condición para proteger la seguridad jurídica y sostener un entorno favorable para la inversión. El gremio también relacionó el desempeño del tribunal con la protección de derechos, la igualdad ante la ley y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

La entidad señaló que su experiencia puede aportar al funcionamiento del Poder Judicial y al desarrollo institucional del país.

Las dos organizaciones coincidieron en la necesidad de una justicia previsible

Los comunicados de la AIRD y el CONEP coincidieron en que la nueva integración de la SCJ debe contribuir a consolidar una administración de justicia con decisiones consistentes, independencia frente a intereses externos y capacidad para atender los casos sometidos a su conocimiento.

Aunque cada organización puso el acento en aspectos distintos, ambas asociaron el desempeño de la justicia con la estabilidad institucional y la actividad económica. La AIRD destacó la experiencia profesional de los magistrados y su potencial impacto en la calidad de los fallos, mientras que el CONEP remarcó la necesidad de preservar la integridad del proceso de selección y el respeto por los criterios de mérito.

Las dos gremiales empresariales situaron a la seguridad jurídica como un factor que incide en la confianza de los actores económicos y de la ciudadanía. La nueva composición de la Suprema Corte asumirá ahora la tarea de responder a esas expectativas desde las decisiones que adopte como máximo tribunal del Poder Judicial dominicano.