Los cuatro de Guayaquil: Defensa busca revertir el hábeas corpus que declara la desaparición forzada y cuestiona a la jueza

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han redoblado esfuerzos para revertir la decisión de habeas corpus emitida por la jueza constitucional Tanya Loor, quien declaró que los menores Ismael, Josué, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano. La resolución, que incluye medidas de reparación integral como disculpas públicas y capacitaciones para evitar futuras violaciones a derechos humanos, ha sido apelada por las instituciones ante la Corte Provincial del Guayas.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en una transmisión en cadena nacional, la noche del 6 de enero de 2025, pidió disculpas públicas, cumpliendo con el fallo judicial, pero al mismo tiempo cuestionó la sentencia y acusó a la jueza de extralimitarse en sus funciones: “Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política”, afirmó Loffredo durante su intervención.

En el mismo discurso, Loffredo expresó sus condolencias a las familias de los menores asesinados, calificando los hechos como “el horror y la máxima degradación posible” y lamentando que situaciones así se hayan producido. Sin embargo, dejó en claro que, según él, “no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, en una aparente defensa de las Fuerzas Armadas frente a las acusaciones.

El ministro subrayó que las Fuerzas Armadas actuaron con transparencia tras conocerse los hechos, asegurando que los 16 militares procesados están enfrentando justicia tanto en el ámbito ordinario como en el militar. No obstante, advirtió que su cartera de Estado no permitirá que “la narrativa de los derechos humanos sea utilizada como instrumento de persecución política” y reiteró su compromiso con sancionar cualquier acto indebido cometido por agentes estatales.

Las disculpas emitidas por el ministro Loffredo fueron percibidas como insuficientes en la opinión pública.

La mañana de este 7 de enero, en un pronunciamiento conjunto, organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales rechazaron las “amenazas” emitidas por el bloque de seguridad del Gobierno Nacional contra la jueza Loor y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Denunciaron que estas acciones constituyen un intento de intimidación y un atentado contra la independencia judicial, así como un intento por perpetuar la impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos, como la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los niños.

Las organizaciones criticaron las declaraciones del ministro Loffredo, calificándolas de ofensivas y de una estrategia para desviar la atención sobre las responsabilidades del Estado. También señalaron que la apelación de la sentencia de hábeas corpus, presentada por el Ministerio del Interior, refleja un esfuerzo por desacreditar las decisiones judiciales y obstaculizar la búsqueda de verdad y justicia en el caso. Las acciones del Gobierno, según las organizaciones, buscan estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos y crear un contexto de persecución política.

Los firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que observe de cerca la situación en Ecuador, exigiendo respeto a las normas internacionales y la garantía de justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

El Ministerio de Defensa ha apelado la resolución de hábeas corpus bajo dos argumentos principales: la supuesta falta de competencia de la jueza Loor para declarar la existencia de un delito y la presunta desnaturalización del recurso. En el documento presentado, se señala que “el habeas corpus por desaparición forzada no tiene por propósito que un órgano jurisdiccional evalúe la normativa interna del Estado ecuatoriano, mucho menos que determine si existe o no los elementos del tipo penal”.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y representante legal de las familias, calificó la apelación como un intento de perpetuar la impunidad. Según dijo Bastias, en entrevista con Ecuavisa, la jueza actuó en el marco de sus competencias al declarar vulneraciones de derechos constitucionales como la vida, la integridad personal y el interés superior del niño. Para Bastias, el fallo del hábeas corpus es “valioso en el marco de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las familias” y enfatizó que la apelación “es un recurso más para avalar la impunidad y responsabilidad del gobierno en este crimen”.

El asesinato de los cuatro menores ha generado indignación nacional e internacional. Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron detenidos por una patrulla militar. Semanas después, sus cuerpos calcinados fueron hallados en la parroquia Taura. Este caso, que involucra a 16 militares actualmente bajo prisión preventiva, ha sido calificado como una grave violación a los derechos humanos y un ejemplo de la falta de control en operativos militares, según denuncias de abogados y activistas.

Loffredo ha enfrentado duras críticas no solo de las familias y sus abogados, sino también de más de 70 organizaciones de derechos humanos que exigen su destitución, a través de un juicio político ante la Legislatura. Estas organizaciones han señalado patrones sistemáticos de desapariciones forzadas en contextos de operativos militares, especialmente en provincias como Los Ríos y Esmeraldas.

Mientras la Corte Provincial del Guayas analiza la apelación presentada por el Ministerio de Defensa contra el hábeas corpus, las familias de los menores continúan exigiendo verdad y justicia incluso en instancias internacionales si el Estado ecuatoriano no actúa con transparencia y rapidez. Según Bastias, el incumplimiento de procedimientos y las prácticas de abuso de autoridad que derivaron en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no son incidentes aislado. Esto, según el experto, podría sentar un precedente peligroso si no se toman medidas ejemplares.