Los padres de los cuatro menores desaparecidos en Ecuador esperan los resultados de la identificación de cadáveres

Los padres de Josué e Ismael Arroyo, de Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil desde el 8 de diciembre, acudieron hoy al centro forense de esa ciudad tras el hallazgo de cuerpos en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia en el río Taura, en la parroquia rural del cantón Naranjal.

El descubrimiento fue realizado en un recinto conocido como Casa de Zinc, ubicado a 16 kilómetros de la Base Aérea de Taura, el recinto militar al que los trasladaban los 16 militares que hoy son investigados por desaparición forzada y quienes aseguran –según su defensa– dejaron abandonados a los menores de entre 11 y 15 años en medio de la vía.

El hallazgo de cadáveres incinerados sucedió el 24 de diciembre. Por ahora se ha indicado que las identidades no pueden ser confirmadas.

De acuerdo con la periodista Karol Noroña, los análisis de ADN para determinar si los restos corresponden a los menores tomarán entre 30 y 40 días. Mientras tanto, los equipos investigativos están realizando análisis antropológicos para intentar identificar a las víctimas. Esta metodología, según la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), es un proceso que podría brindar resultados. Según Noroña, se podría tener algún resultado preliminar entre el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre, dependiendo de la viabilidad del examen.

El estado de los cuerpos, que fueron hallados maniatados y quemados, ha dificultado la posibilidad de realizar pruebas necrodactilares, método habitual en este tipo de identificaciones, según Noroña.

El dolor de los familiares es palpable, pero han pedido que no se adelanten criterios hasta que los resultados sean concluyentes, de acuerdo con lo publicado por Noroña. Los padres, acompañados por representantes del CDH, quienes los han asistido, fueron informados sobre los procedimientos y tiempos que implican las pruebas, según la CDH indicó a Infobae. Además se señaló a este medio que los padres “no harán reconocimiento de cuerpo” por las condiciones de estos.

El análisis antropológico que se está llevando a cabo es una técnica ampliamente utilizada en contextos de violencia extrema, como en las masacres carcelarias, donde las víctimas suelen ser sometidas a métodos de ocultamiento como la incineración. Este proceso permite, en ciertos casos, obtener información clave a partir de los restos óseos, siempre que las condiciones lo permitan.

La incineración es utilizada como un método de ocultamiento en contextos criminales y de violencia extrema porque destruye evidencia física que podría ser clave para identificar a las víctimas o rastrear a los responsables. Este procedimiento elimina tejidos blandos, complica la extracción de ADN, borra huellas dactilares y dificulta determinar la causa de muerte. Además, reduce las posibilidades de asociar los restos con un lugar específico, lo que complica las investigaciones judiciales.

El hallazgo de los cuerpos se produjo en un contexto de creciente presión social y judicial. La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano declaró, este 24 de diciembre, la desaparición forzada de los cuatro menores y responsabilizó al Estado ecuatoriano por la vulneración de sus derechos. Además, ordenó una serie de medidas de reparación integral, incluyendo la activación de protocolos de búsqueda y la creación de una comisión independiente para investigar el caso.

Por su parte, los padres han reiterado su llamado a la justicia. Aunque las familias mantienen la esperanza de que los menores sean encontrados con vida, la posibilidad de que los cuerpos hallados correspondan a los adolescentes desaparecidos ha incrementado la angustia.

En paralelo, las investigaciones contra los 16 militares que detuvieron a los menores en el operativo que resultó en la desaparición de los chicos continúan. La Fiscalía ha indicado que el procedimiento militar estuvo plagado de irregularidades y violaciones a los protocolos establecidos para el manejo de menores en conflicto con la ley.

El 24 de diciembre, durante la audiencia para resolver un hábeas corpus, el fiscal Christian Fárez, quien lidera la investigación, declaró que no existen evidencias de que los menores hayan participado en algún hecho ilícito, como inicialmente sugirió el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo: “No hay pruebas, partes policiales ni testimonios que sustenten la versión de un presunto robo. No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, afirmó Fárez.