La desaparición de los cuatro menores en Ecuador apunta a las Fuerzas Armadas mientras avanza la investigación forense

La desaparición de Josué Didier Arroyo, Ismael Eduardo Arroyo, Nehemías Saúl Arboleda y Steven Gerald Medina, los cuatro menores de Guayaquil, conmociona al país desde el 8 de diciembre. Ahora ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad tras el hallazgo de cuerpos calcinados cerca de la Base Militar de Taura. Las autoridades están en proceso de identificar los restos, mientras las familias mantienen la esperanza de encontrar a los niños con vida. El caso, que involucra a 16 militares investigados por la Fiscalía y custodiados por las Fuerzas Armadas, ha captado la atención nacional e internacional con pronunciamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 24 de diciembre, durante la audiencia para resolver un hábeas corpus, el fiscal Christian Fárez, quien lidera la investigación, declaró que no existen evidencias de que los menores hayan participado en algún hecho ilícito, como inicialmente sugirió el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo: “No hay pruebas, partes policiales ni testimonios que sustenten la versión de un presunto robo. No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, afirmó Fárez. Además, el fiscal cuestionó duramente las acciones de las Fuerzas Armadas, subrayando que los procedimientos realizados el 8 de diciembre violaron protocolos fundamentales: “Los menores no pueden ser detenidos ni aprehendidos de esa forma. Debían haber sido entregados al Servicio Nacional del Adolescente Infractor y reportados al ECU 911”, explicó.

En el video que circuló públicamente sobre la detención, se observa a dos de los cuatro chicos, entre ellos el menor de tan solo 11 años. En la grabación se ve cómo al menos 10 militares los suben a una camioneta y los maltratan. Este material fue clave para que la jueza constitucional Tanya Loor Zambrano aceptara la acción de hábeas corpus presentada por las familias de los menores. La jueza declaró la desaparición forzada de los adolescentes y responsabilizó al Estado ecuatoriano, ordenando una serie de medidas de reparación integral. Entre estas medidas se incluye la creación de una comisión independiente para investigar el caso, la activación de protocolos de búsqueda, atención médica y psicológica para las familias, y la capacitación de las Fuerzas Armadas en derechos humanos.

La aceptación del hábeas corpus también fue respaldada por la Asamblea Nacional, que presentó un amicus curiae citando precedentes internacionales como el caso Núñez Naranjo vs. Ecuador, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado es responsable en casos de desaparición forzada cuando los ciudadanos están bajo su custodia. La jueza enfatizó que los derechos de los niños fueron vulnerados, destacando la ausencia de protocolos adecuados y la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas con unidades policiales especializadas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa Nacional anunció que los 16 militares implicados han sido puestos bajo custodia militar para garantizar que estén disponibles para la justicia. Sin embargo, el abogado defensor de los militares ha insistido en que los menores fueron liberados en “perfectas condiciones” cerca de la base de Taura y negó cualquier responsabilidad de sus clientes en la desaparición. Estas declaraciones han sido cuestionadas tanto por las familias como por el fiscal Fárez, quien subrayó que la privación de libertad se dio en contra de la voluntad de los menores, lo que configura un acto ilegal.

En paralelo, los padres de los niños siguen alzando sus voces con un profundo dolor. “Quiero a mis hijos con vida, que regresen pronto”, expresó uno de ellos tras la audiencia de hábeas corpus, según recogió El Universo. El fiscal también exigió que se limpie el nombre de los niños y que las investigaciones se lleven a cabo sin dilaciones ni obstáculos.

Durante el 24 de diciembre, en redes sociales y en grupos de Whatsapp, cientos de cuentas, creadas recientemente y presumiblemente falsas, iniciaron una campaña de desprestigio en contra de los menores asegurando que su desaparición era necesaria y que estaban vinculados a grupos criminales. No obstante, esto ha sido refutado no solo por las familias, sino ante la justicia durante la audiencia en mención.

El caso ha desatado un debate nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna y su capacidad para intervenir en asuntos relacionados con menores de edad. La jueza Loor Zambrano cuestionó directamente la competencia de las Fuerzas Armadas en este ámbito y subrayó la necesidad de delimitar claramente sus funciones en contextos de estado de excepción.

Al mismo tiempo, el hallazgo de los cuerpos calcinados cerca de la base de Taura intensifica la indignación popular alrededor del caso. Las autoridades han indicado que se están realizando análisis forenses para determinar si los restos corresponden a los menores desaparecidos. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud han sido instruidos para garantizar el apoyo psicológico a las familias y trabajar en la implementación de medidas preventivas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

Infobae conoció que la tarde del 24 de diciembre, expertos forenses empezaron con los análisis. La Policía no ha dado mayor información sobre el hallazgo y ha dirigido a la prensa con la Fiscalía, que tampoco ha brindado nuevos detalles.

El Ministerio Público anunció que espera que se asigne una fecha para formular cargos por desaparición forzada contra los 16 militares.