Fiscalías en México deberán aplicar nuevo protocolo para investigar delitos contra defensores de derechos humanos: ONU-DH

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, e instó a las fiscalías en México a impulsar una difusión y capacitación para su correcta aplicación.

Con ello, las autoridades ministeriales deberán aplicar lineamientos especializados, cuyo objetivo es fortalecer la persecución de delitos y garantizar el acceso a la justicia de quienes defienden derechos fundamentales. El instrumento legal responde a una exigencia de organismos nacionales e internacionales y busca cerrar vacíos que han permitido la impunidad en agresiones contra este sector en México.

En el periodo comprendido entre 2016 y 2025, se documenta que 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y 43 más desaparecieron en circunstancias presuntamente relacionadas con su labor. Estas cifras confirman la gravedad de la violencia que enfrentan quienes impulsan causas sociales en el país y justifican la urgencia de herramientas enfocadas en su protección.

Protocolo obliga a fiscalías a priorizar líneas de investigación vinculadas con la defensa de derechos

El protocolo establece la aplicación obligatoria en todo el país cuando existan indicios que relacionen la actividad de defensa de derechos humanos con la comisión de un delito. Las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República deberán agotar prioritariamente todas las líneas de investigación que tengan vínculo con la labor de la víctima. Este enfoque pretende evitar la desestimación temprana de móviles relacionados con la defensa de derechos y garantizar investigaciones exhaustivas.

Entre los elementos clave del protocolo, destaca la definición formal de persona defensora de derechos humanos, alineada con los estándares internacionales. El documento también reconoce el principio de no criminalización de la labor de defensa y establece la obligación de crear un registro nacional de denuncias por delitos cometidos contra personas defensoras. Además, la participación activa de las víctimas, sus familiares y redes sociales en las investigaciones queda reafirmada como parte central del procedimiento.

Creación y adopción del instrumento surge de proceso participativo

El nuevo mecanismo es resultado de un proceso iniciado en 2022, cuando la Fiscalía General de la República y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México acordaron desarrollar una herramienta especializada. Durante 2023 y 2024, el contenido del protocolo fue enriquecido con aportaciones técnicas de fiscalías locales, instituciones públicas, organizaciones civiles, personas expertas y mecanismos internacionales.

La validación del protocolo en la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia representa el cierre de una etapa de diálogo y colaboración entre el Estado mexicano y actores sociales.

“Celebro la adopción de este importante Protocolo, que espero contribuya significativamente a fortalecer los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en México. Aliento a las autoridades a adoptar medidas inmediatas para asegurar su implementación decidida”, declaró por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó México en abril de 2026.

La entrada en vigor del protocolo exige la capacitación inmediata del personal ministerial en todo el país. Las fiscalías deberán impulsar campañas de difusión para informar a la sociedad y establecer mecanismos que permitan evaluar periódicamente los resultados de la nueva herramienta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera la disposición de su oficina para brindar asistencia técnica durante la implementación y fortalecer capacidades institucionales.

La adopción de este protocolo responde a la persistencia de ataques graves y sistemáticos contra quienes defienden derechos humanos en México. El registro institucional obligatorio y la especialización de las investigaciones aparecen como herramientas fundamentales para combatir la impunidad y atender recomendaciones internacionales.