La ONG Human Rights Watch denunció este miércoles que la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, impulsó una persecución política contra el presidente Bernardo Arévalo de León y abusó de sus funciones con el fin de impedir su investidura.
“Desde que el presidente Arévalo asumió el cargo en enero de 2024, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones penales contra su Gobierno sin presentar evidencias que sustenten las acusaciones”, indicó la organización, que precisó que ya son al menos 17 los procesos contra funcionarios gubernamentales de alto nivel, mientras que se ha solicitado al menos seis veces a la Corte Suprema el retiro de la inmunidad que goza el Presidente, con el fin de .perseguirlo judicialmente
Estas acciones, explicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, dan cuenta de que Porras “abusa de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios sin evidencia creíble”, al igual que ocurrió el pasado año cuando, ante el sorpresivo triunfo de la oposición en los comicios, el Ministerio Público a su cargo “lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones”.
“En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la Fiscal General se dedica a impulsar investigaciones selectivas para socavar a un Gobierno al que se opone”, sumó en ese sentido, precisando que muchas de las causas iniciadas por su equipo se centran en delitos como el abuso de poder, “sobre la base de hechos que no parecen ser delictivos”.
HRW advirtió, sin embargo, que la persecución no se limitó únicamente al ámbito político sino que se extendió, también, al judicial, donde decenas de jueces, abogados y periodistas se vieron afectados por oponerse a sus intereses. Ejemplos de ello son el periodista José Rubén Zamora Marroquín y los ex fiscales Virginia Laparra y Stuardo Campo, encarcelados durante el Gobierno de Alejandor Giammattei.
Asimismo, la Fiscalía “cerró investigaciones sobre presuntos sobornos que había recibido Giammattei de una empresa rusa con operaciones en Guatemala, y de un ex funcionario señalado por corrupción”, indica el comunicado.
“Porras ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, incluso mediante el traslado o despido de los fiscales responsables de los casos”, insisten los expertos en el escrito.
Para sustentar sus acusaciones, la ONG entrevistó a 11 personas cercanas al tema, revisó decenas de documentos y declaraciones de miembros de la Fiscalía, y envió una carta a Porras solicitando información, aunque “no hemos recibido respuesta”.
La cúpula del Ministerio Público, liderada por Porras y el secretario general, Ángel Pineda, está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por “acciones que socavan la democracia” y su “participación en importantes hechos de corrupción”.
Con su historial, al asumir la presidencia, Arévalo de León intentó que la Justicia procese a Porras por delitos varios e impulsó una modificación a la ley nacional, dado que le impide removerla de su cargo.
El mandato de la funcionaria concluye recién en 2026 y, para acortarlo, la Constitución Nacional establece que es imprescindible que sea por una condenada de un proceso penal o por cometer un delito in fraganti.
(Con información de AFP y EFE)
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