Veinte años de muertes, secuelas y reclamos: Panamá pide perdón por la tragedia del dietilenglicol

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá pidió disculpas públicas a las víctimas y familiares del envenenamiento masivo con dietilenglicol, una tragedia sanitaria ocurrida en 2006 que dejó cientos de fallecidos y miles de afectados.

El reconocimiento llega dos décadas después de que medicamentos contaminados fueran distribuidos entre pacientes del sistema público de salud.

“En nombre de la Caja de Seguro Social, les pido perdón”, expresó el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, en un comunicado divulgado el viernes 23 de octubre. El funcionario reconoció que ninguna disculpa puede devolver las vidas perdidas ni recuperar la salud de quienes todavía padecen las consecuencias del envenenamiento.

El pronunciamiento responde a una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 27 de julio de 2026, que obligó a la institución a ofrecer disculpas públicas. Mon sostuvo que el reconocimiento trasciende el cumplimiento de una orden judicial, porque representa una deuda moral con las familias afectadas.

La tragedia comenzó cuando una sustancia tóxica procedente de China fue comercializada como glicerina de uso farmacéutico, tras pasar por intermediarios internacionales.

La materia prima terminó en los laboratorios de la CSS, donde fue utilizada para elaborar medicamentos, entre ellos un jarabe expectorante distribuido a pacientes de la seguridad social.

En octubre de 2006, las autoridades detectaron la presencia de dietilenglicol, un compuesto químico industrial altamente tóxico, en los productos administrados. Numerosos pacientes desarrollaron insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas, mientras otros fallecieron. La crisis evidenció graves fallas en los controles de calidad de los insumos empleados para fabricar medicamentos.

La magnitud del envenenamiento quedó reflejada en estimaciones históricas que situaban el número de fallecidos en alrededor de 800 personas hasta 2010, aunque esa cifra no constituye un balance oficial actualizado a octubre de 2026. Las diferencias entre los registros responden, entre otros factores, a los procesos de identificación y certificación de las víctimas.

Las consecuencias se extendieron mucho más allá de los primeros fallecimientos. Los sobrevivientes han enfrentado daños renales, trastornos neurológicos y otras complicaciones de salud, que requieren vigilancia médica prolongada.

Algunos pacientes necesitan tratamientos especializados y medicamentos permanentes, mientras sus familias continúan reclamando atención oportuna, seguimiento continuo y condiciones dignas para enfrentar las secuelas.

En agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo confirmó denuncias de afectados por falta de medicamentos y demoras en las citas médicas, problemas que dificultan la continuidad de sus tratamientos. Los sobrevivientes han solicitado atención prioritaria dentro del sistema público de salud, considerando las enfermedades crónicas y limitaciones que padecen.

La CSS aseguró que las víctimas acreditadas cuentan con pensiones vitalicias y atención en el Centro Especial de Toxicología, donde reciben seguimiento de los órganos afectados, tratamientos específicos y cobertura de insumos médicos.

Mon afirmó que la continuidad de estos servicios constituye una obligación institucional, independientemente de los cambios de administración.

En el ámbito penal, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en julio de 2016, después de un prolongado proceso contra personas vinculadas con la adquisición, evaluación y distribución de los insumos contaminados.

El fallo incluyó condenas y absoluciones, pero las decisiones judiciales fueron modificadas posteriormente mediante los recursos presentados.

En 2017, la justicia elevó a 15 años de prisión las penas impuestas a Ángel de la Cruz, Edward Taylor y Miguel Algandona, vinculados con el caso. También se dictaron otras condenas, mientras los familiares de las víctimas continuaron reclamando responsabilidades por las fallas que permitieron la distribución de los medicamentos contaminados.

La reparación económica continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes. De 472 demandas de indemnización presentadas ante la Sala Tercera, 63 habían sido resueltas favorablemente hasta octubre de 2026.

Las decisiones judiciales han establecido compensaciones de 25.000 dólares para distintas víctimas reconocidas, aunque cada expediente debe evaluarse individualmente.

En septiembre, la CSS informó que había reservado 300.000 dólares para indemnizar a los primeros 12 beneficiarios cuyas sentencias fueron notificadas formalmente. La institución anunció además una plataforma digital que permitirá consultar el estado de los procesos judiciales y sus pagos, con información organizada por provincias.

Mon reiteró que la seguridad de los medicamentos y la atención de los sobrevivientes deben mantenerse como prioridades, al reconocer que las responsabilidades institucionales no desaparecen con el tiempo.

Para las familias, las disculpas representan un reconocimiento esperado durante veinte años, aunque la reparación integral y el cumplimiento de las decisiones judiciales siguen pendientes.