Los siete agentes de la Policía detenidos en Guatemala por el caso de exfiscal Solorzano Foppa comparecen ante las autoridades

Siete integrantes de la Policía Nacional Civil comparecen este sábado 24 de octubre ante un juzgado de Guatemala por la presunta colocación de una carabina entre las pertenencias de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes habían sido detenidos tras el ataque armado en el que murieron el abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y el judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. La audiencia, en donde se debe definir la situación de los agentes, se realiza a puerta cerrada en la Torre de Tribunales.

Los policías trasladados al tribunal fueron identificados como Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D. Al cierre de la diligencia no se habían divulgado resoluciones judiciales ni medidas dispuestas por el juzgado.

De acuerdo con el Ministerio Público de Guatemala, la investigación derivó en allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de pruebas en 11 inmuebles de distintos departamentos del país. Las diligencias alcanzaron también la Comisaría 13 y la sede del Distrito Central de la Policía Nacional Civil, dependencias vinculadas con el procedimiento cuestionado.

Una carabina bajo investigación y siete órdenes de captura

El Ministerio Público detectó indicios de que los agentes habrían colocado el arma entre las pertenencias de Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18. Los hermanos habían sido capturados el 17 de octubre en la zona 16 de la capital como sospechosos del doble homicidio.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala emitió las siete órdenes de aprehensión. Los detenidos son investigados por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

El Ministerio de Gobernación informó que entre los arrestados hay un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, todos asignados a la Comisaría 13. La cartera no difundió sus nombres completos por el principio de presunción de inocencia, aunque la fuerza policial había publicado previamente las identidades, edades y fotografías de los hermanos Choc Toz cuando los señaló como presuntos responsables del crimen.

Las pesquisas habían incluido, el 22 de octubre, una inspección de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Los fiscales revisaron la autopatrulla GUA 13190, que presuntamente trasladó a los hermanos después de su captura, incluidos el interior, el exterior y la bahía del motor.

Traslados no informados y ruptura de la cadena de mando

Los hermanos fueron llevados a una subestación policial pese a que el protocolo establecía que debían ser trasladados de forma directa a la Torre de Tribunales. El subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Esvin Jacinto, reconoció irregularidades durante una citación con diputados el 21 de octubre.

El funcionario dijo que los cambios de recorrido y los transbordos entre autopatrullas no fueron comunicados a los mandos superiores. “De todo ese movimiento yo no me enteré porque no me lo informan. Al no llegar la información directa a nosotros, en ese momento, hay un rompimiento de la línea de mando”, declaró Jacinto ante los legisladores, según consignó Infobae.

La falta de mérito para los hermanos detenidos

Un juez dictó falta de mérito a favor de Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz y ordenó su liberación al considerar insuficientes los indicios que los vinculaban con el ataque armado. La defensa cuestionó la procedencia de la carabina que el reporte policial inicial situó entre sus pertenencias, cuando repartían comida a domicilio.

La Policía Nacional Civil había indicado que el arma estaba registrada a nombre de un particular y que no tenía reporte de robo. Tanto la posible alteración de las pruebas como las circunstancias de las dos muertes continúan bajo investigación.

“Ningún cargo, uniforme o posición jerárquica puede servir de escudo frente a la investigación penal”, afirmó el Ministerio Público. La institución advirtió que cualquier acción para modificar pruebas, encubrir responsabilidades u obstaculizar el esclarecimiento de los hechos puede derivar en nuevas acciones penales.

El Ministerio de Gobernación anunció el 20 de octubre una revisión de la estructura, la conducción y el funcionamiento de la fuerza policial para detectar deficiencias y aplicar correcciones. La cartera señaló que limitará la información pública mientras continúen las actuaciones judiciales, en resguardo del debido proceso.