El opositor político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, inició este viernes una huelga de hambre en señal de protesta por las “constantes torturas físicas y psicológicas, así como las condiciones infrahumanas” a las que es sometido en la cárcel de Mar Verde.
En un comunicado, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana sostuvo que la decisión del disidente “subraya la desesperada situación de los presos políticos en Cuba y exige la acción inmediata de la comunidad internacional para denunciar estas graves violaciones de derechos humanos”.
Ferrer fue encarcelado en múltiples oportunidades en las últimas décadas, la última de ellas el 1 de octubre de 2019, cuando la Policía del régimen de Miguel Díaz-Canel actuó sin cumplir las formalidades legales y en violación de las garantías procesales previstas en el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, y procedió a su arresto sin cargos precisos.
Por estas acciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que se “habría buscado incriminarlo de haber cometido un delito”, solo para mantenerlo silenciado.
Tras un juicio irregular, la Justicia cubana lo sentenció a cuatro años y seis meses tras las rejas, tiempo que se cumplió el pasado 13 de agosto. Sin embargo, las autoridades se negaron a dejarlo en libertad, ante lo que el Consejo para la Transición Democrática de Cuba presentó un habeas corpus para reclamar su “ilegal privación de la libertad”.
Esta demanda “no es solo moral, humanitaria y en consonancia con los Derechos Humanos”, sino que también es “fundamentalmente técnica”, indicó en un escrito Manuel Cuesta Morúa, quien presentó el recurso ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular.
Según explicó, la razón por la que aún no lo habrían liberado sería que los magistrados tomaron el 26 de febrero de 2021 como fecha de inicio de la condena de Ferrer, lo que “no abona los efectos del cumplimiento de la misma durante todo el tiempo que permaneció sujeto a la medida cautelar de prisión provisional”, desde octubre de 2019.
Si bien la Constitución cubana prevé que estos recursos sean resueltos de manera rápida por medio de una audiencia, a más de una semana de la presentación del escrito, aún no se ha conocido una respuesta oficial.
La situación de Ferrer es aún más crítica si se consideran las condiciones inhumanas en las que se encuentra recluido, con insuficiente acceso a alimentos y servicios básicos, y sometido a torturas constantes.
Sin ir más lejos, el 18 noviembre fue esposado y brutalmente golpeado por seis agentes armados, quienes le causaron heridas de gravedad que lo obligaron a ser trasladado al centro de atención médica de la cárcel de Boniato. Tras este incidente, varias ONG recordaron al régimen que la CIDH había otorgado medidas cautelares al opositor, aunque desde La Habana hicieron oídos sordos al reclamo.
“La última golpiza sufrida recientemente por el disidente es una señal peligrosa de hasta dónde puede llegar la conducta inhumana en las prisiones de Cuba y una oportunidad para la reflexión tanto de todo el sistema carcelario cubano -las y los presos cubanos son seres humanos con dignidad intrínseca- como el sistema jurídico”, advirtió Morúa.
(Con información de EFE)
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