
Varios coletazos trajo la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago de trasladar la madrugada del sábado a Manuel Monsalve al anexo penitenciario Capitán Yáber en Santiago -conocida como la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, tras recibir nuevas amenazas de muerte en el penal de Rancagua, donde alcanzó a estar solo cuatro días.
El ex subsecretario, quien cumple prisión preventiva tras ser imputado por violación consumada y abuso sexual contra una subalterna, ya había sido amenazado por una jefa narco, por lo que su defensa pidió “disponer en su lugar que la prisión preventiva sea ejecutada en su casa o domicilio, sin perjuicio de las medidas que pueda y tenga derecho a implementar Gendarmería de Chile”.
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Sin embargo, el juez Daniel Urrutia decidió enviarlo a Capitán Yáber, recinto que tiene capacidad para 16 reclusos y que hasta ahora solo estaba destinado a presos por delitos económicos, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.
“Pésimo precedente”
El primero en abrir los fuegos fue el presidente de la comisión que investiga el Caso Monsalve en la Cámara de Diputados, Miguel Mellado (RN), quien aseguró que “lo que demuestra este caso es que hay chilenos de primera y chilenos de segunda”.
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“Lo llevaron a Capitán Yáber, donde nunca habían llevado a una persona que estaba investigada por delito de violación. Este es un pésimo precedente para Gendarmería”, según consignó La Tercera.
De la misma opinión fue su par, la diputada Camila Flores, quien señaló que “me parece increíble que sigan teniendo un trato especial a Manuel Monsalve. Creo que si el juez en primera instancia había determinado un lugar, se tenían que en ese lugar dar las condiciones para que hubiese permanecido”.
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“Mandarlo a Capitán Yáber es seguir con los privilegios del más privilegiado de Chile”, agregó.
Álvaro Carter (Indep. UDI), también miembro de la comisión investigadora, sostuvo por su parte que “todas las cárceles en Chile tienen población penal que está involucrada con el crimen organizado y obviamente lo iban a amenazar, eso se sabía del día uno. Por lo tanto, espero que ahora el proceso sea expedito y se pueda entregar justicia frente a todo lo que se ha sabido”.
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Desde el oficialismo, la diputada Camila Musante (Ind-PPD) recordó que Monsalve, “al igual que cualquier persona privada de libertad, tiene el derecho a que se resguarde su integridad”.
“En otras ocasiones he cuestionado la existencia de Capitán Yáber como una cárcel que genera la sensación de que existen dos tipos de justicias, una para ricos y otra para pobres. Pero nadie puede dudar de que hay que resguardar la integridad de quienes se encuentran privados de libertad”, concluyó.
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El también PPD, Raúl Soto, indicó que lo primordial es que la defenestrada ex autoridad “siga tras las rejas y no en su domicilio. Eso es lo relevante hoy día, más allá de dónde determine la justicia que debe estar efectivamente cumpliendo esta medida cautelar”, remató.

Gobierno descartó contradicciones
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió a poner paños fríos al asunto y descartó cualquier tipo de beneficio. “¿Cómo va a ser un privilegio que una persona se encuentre en prisión preventiva en un establecimiento por orden de un tribunal?”, razonó.
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El secretario de Estado recordó que “los tribunales lo que determinaron es que Manuel Monsalve tenía que encontrarse en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario, por lo que se lo trasladó de uno a otro que le daba las posibilidades de mejorar la situación de seguridad, de evitar riesgos, y eso es justamente lo importante”.
“Los recintos deben asegurar que no haya riesgo a la integridad de las personas. En ese sentido, tenemos un hecho inédito, nunca habíamos tenido una persona que estaba a cargo de todas las policías, que se encontraba hasta hace poco ejerciendo ese cargo, que se encontraba vinculado a investigaciones respecto a un conjunto de personas que hoy están detenidas”, concluyó.
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La rendición de gastos
Tras votar este domingo en la segunda vuelta para elegir a los Gobernadores regionales, la ministra Carolina Tohá se refirió también a la polémica por los gastos reservados de Monsalve, tras revelarse que su reemplazante en la subsecretaria de Interior, Luis Cordero, encontró sólo $1 millón (USD 1.023) de los $50 millones (USD 51,186) fijados en materia de gastos reservados para el segundo semestre del año.
“La rendición de los gastos reservados no se hace a la ministra. En el caso de la Subsecretaría del Interior, el proceso de rendición ha funcionado correctamente”, aseguró Tohá.
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La secretaria de Estado también desdramatizó los mensajes descubiertos entre Monsalve y el alto mando de Carabineros previo a la denuncia de la joven subalterna. “No hay nada especial en esas conversaciones que ameritara que fueran informadas a la autoridad”, cerró.
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