La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, exigió este viernes la liberación de todos los presos políticos en el país antes de las celebraciones navideñas.
Según datos de la organización Foro Penal, 1.963 personas permanecen detenidas bajo esta condición, la mayoría arrestadas tras las protestas generadas por las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se declaró la reelección del dictador Nicolás Maduro.
”Todos unidos exigimos Navidades sin presos políticos”, afirmó la PUD, enfatizando además que “hacer política no es delito”.
Decenas de manifestantes se reunieron este jueves frente a la Fiscalía General para exigir la liberación de más detenidos, tras conocerse que en los últimos días la Justicia otorgó 225 medidas de libertad con restricciones legales.
Sin embargo, Foro Penal cuestionó estas cifras, indicando que solo 143 excarcelaciones se han confirmado hasta la fecha.
Los familiares de los presos políticos instaron al fiscal general, Tarek William Saab, a publicar una lista oficial de las personas beneficiadas, mientras la PUD subrayó la urgencia de priorizar la libertad de todos los detenidos.
La reelección del dictador Maduro ha sido denunciada por la oposición como un proceso fraudulento, acompañado de represión contra manifestantes.
La PUD acusa al régimen de Maduro de “reprimir a la oposición” y responsabiliza a la dictadura de las 28 muertes registradas durante las manifestaciones poselectorales.
Por su parte, Maduro y la Fiscalía justificaron las detenciones señalando que los manifestantes participaron en actos de violencia y vandalismo, atribuyendo las muertes al bloque antichavista.
La situación de los presos políticos en Venezuela es un tema recurrente en la agenda de organismos internacionales y de derechos humanos. La PUD ha hecho llamados constantes para que la comunidad internacional intervenga y presione por la liberación de los detenidos.
El clima político venezolano sigue marcado por la polarización, mientras la oposición busca consolidar un frente común para garantizar condiciones más justas y democráticas en el país.
Con estas exigencias de Navidad, la PUD busca poner en el centro del debate la situación de los presos políticos, como símbolo de la lucha por un cambio político y social en Venezuela.
ONG denunciaron que el régimen de Maduro intimida y persigue a defensores de derechos humanos
Un grupo de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela condenó este jueves lo que consideran una política de persecución del régimen de Nicolás Maduro contra activistas de derechos humanos, tras la citación a declarar de Óscar Murillo, director de la ONG Provea, por una investigación relacionada con la muerte de un dirigente social.
En un comunicado, las ONG denunciaron que en Venezuela “la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales”, mientras reiteraron su compromiso de continuar trabajando pese a los riesgos y la detención de varios activistas, acusados de delitos como terrorismo.
Murillo fue llamado a comparecer ante una sede policial en Caracas, donde rindió declaraciones durante cinco horas. Las ONG criticaron que nunca se le especificó si acudía en calidad de testigo, sospechoso o cuál era su presunta vinculación con el caso.
La citación está vinculada a la muerte de Edwin Santos, un dirigente social desaparecido en octubre pasado y cuyo fallecimiento, reportado como un accidente de tránsito por las autoridades, ha sido denunciado por partidos opositores como un asesinato. Los opositores aseguran que Santos estuvo detenido antes de ser hallado muerto.
”Nos preocupa profundamente que estemos frente a un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos”, alertaron en el comunicado.
Las organizaciones consideran este tipo de acciones como un intento de criminalizar a los defensores de derechos humanos. Además, señalaron que esto podría ser un mecanismo para intimidar y silenciar a quienes luchan por la justicia social en Venezuela.
“Condenamos que un Estado —en cuya Constitución se denomina democrático, de derecho y justicia— intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana”, agregaron las ONG.
Provea y otras organizaciones han solicitado una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de Santos, haciendo énfasis en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
El caso ha generado preocupación internacional, ya que se enmarca en un contexto más amplio de denuncias contra el régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades civiles.
Las ONG reiteraron que la defensa de los derechos humanos es “una cuestión de justicia y un deber moral”, y enfatizaron que continuarán denunciando y trabajando a favor de la dignidad humana a pesar de los intentos de intimidación.
La situación resalta los crecientes desafíos para los defensores de derechos humanos en Venezuela, donde las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y asociación siguen deteriorándose.
(Con información de EFE)
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