El gobierno de Bolivia declaró desastre por los incendios tras superar las 6,9 millones de hectáreas quemadas

Cuatro meses de incendios en Bolivia consumieron 6,9 millones de hectáreas y ha generado una crisis ambiental sin precedentes en el país. Este lunes, el Gobierno nacional decretó “desastre nacional” para agilizar acciones y movilizar recursos para combatir los incendios forestales.

Tras el anuncio, el presidente Luis Arce sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático para informar sobre los incendios y solicitar “mayor colaboración y esfuerzo por cada uno de nosotros, porque este tipo de fenómenos ya no solamente corresponde a la lucha de un solo país”. Desde que iniciaron las quemas, Bolivia recibió apoyo de China, Francia, Suiza, Canadá, España, Chile, Perú, Brasil y Venezuela, en donaciones, equipos y envío de bomberos.

Según el reporte del Ministerio de Medioambiente y Agua, de las 6,9 millones afectadas por el fuego, un total 4,6 millones corresponden a bosques y 2,3 millones de hectáreas son pastizales. Los departamentos con mayor superficie de quemas son Santa Cruz y Beni.

La declaratoria de desastre fue una insistencia de varios sectores ante la magnitud del fuego. Activistas y políticos exigían que Arce declare la medida para poder movilizar recursos económicos y solicitar más ayuda internacional. Sin embargo, el Gobierno alegaba que, según la normativa, la declaración debía darse inicialmente en el nivel municipal y luego departamental.

La declaratoria de desastre básicamente permite que las instituciones públicas puedan realizar modificaciones presupuestarias para atender la emergencia, además de agilizar la contratación de bienes y servicios. Por otro lado, la declaratoria admite que el Estado no puede atender con su propia capacidad técnica y económica el desastre, por lo que solicita ayuda internacional.

Para algunos actores de la oposición, la reacción del Gobierno fue tardía porque se da luego de que el país perdiera 7 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Irlanda. La senadora y activista Cecilia Requena manifestó que “lo preocupante es que estamos en manos del mismo Gobierno que ha hecho tan mal las cosas, es el mismo canal por el que van a circular los recursos. El Gobierno necesita mejorar su gestión de la crisis, es una obligación que debemos reclamar”.

Ante los cuestionamientos sobre la gestión de los incendios y los pedidos de declaratoria de desastre nacional, la ministra de la Presidencia manifestó que “hay personas que han generado unas expectativas en torno a la declaratoria de desastre nacional, como si a partir de ella, el mundo fuera a volcarse sobre Bolivia para apagar los incendios. Y esto no es así”.

Mientras se espera el arribo de más cooperación internacional, el presidente Luis Arce instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar créditos que pueden ser destinados para atender la emergencias. Se trata de un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otro de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que están parados en el Congreso.

El problema de los incendios en Bolivia es recurrente y estructural, y se ha agravado en el último quinquenio. Según datos oficiales, el promedio de áreas quemadas desde 2019 es de 4,1 millones de hectáreas por año. Expertos atribuyen el fuego a las políticas de desarrollo del país, que apuntan a la expansión de la frontera agrícola y a la invasión de “tierras fiscales no disponibles” por parte de grupos que, pese a no tener títulos agrarios, consiguen autorizaciones para practicar quemas controladas y preparar terrenos para la siembra y el pastoreo.

La contaminación persiste

El humo de los incendios invade a prácticamente todo el departamento de Santa Cruz, principalmente a las comunidades rurales de la Chiquitanía que son más cercanas a los incendios forestales, donde incluso se ha llegado a evacuar pobladores.

Este martes por la mañana, la capital del departamento estaba cubierta por un humo espeso y alcanzó un Índice de Calidad de Aire (ICA) de 591, un nivel considerado “peligroso” para la salud. Al no haber pronóstico de lluvias ni cambios en la dirección de los vientos, se estima que el alto nivel de contaminación persista los próximos días.