
Bolivia elevó a 34 el número de personas que integraron el “grupo criminal” que perpetró el fallido levantamiento militar contra el gobierno de Luis Arce del pasado 26 de junio.
La organización, liderada por el jefe del Ejército de Tierra, el general Juan José Zúñiga, contaba con militares en activo, retirados y también civiles, según informó este domingo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
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“Estamos en la certeza de haber descubierto una asonada criminal que por lo menos está conformada por 34 personas que forman parte del estamento militar activo, del estamento militar jubilado y de personas particulares”, dijo Aguilera en declaraciones recogidas por el diario El Deber. Estas personas utilizaron material militar para actividades de orden particular, según Aguilera.
Hasta el momento se han concretado 21 detenciones en relación con el intento de golpe, en el que tropas y tanques se desplegaron en el corazón de la capital, donde intentaron derribar una puerta del palacio presidencial. También se investiga a otras personas implicadas, incluidos civiles y ex militares.
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El sábado fue el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien reveló que Zúñiga tenía la intención de formar un gabinete ministerial y que ya se habían concretado incluso los nombres que ocuparían cada cargo.
El gobierno también aseguró que encontró evidencia sobre el plan que tenían los militares para movilizar en avión fuerzas especiales desde el departamento de Tarija (sur) hasta La Paz, con la intención de asestar el golpe contra el presidente Arce.
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Zúñiga dijo en un primer momento que su objetivo era “reestructurar la democracia” en Bolivia. Posteriormente, al momento de su captura, afirmó que fue Arce quien le pidió preparar algo “para levantar su popularidad”, lo que fue desmentido por el presidente boliviano.
El ex comandante del ejército fue detenido después de que se replegaran las tropas y los vehículos blindados, sin que se produjeran enfrentamientos con la fuerzas leales al gobierno.
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Zúñiga trasladado por razones de seguridad
Zúñiga fue puesto en prisión preventiva por seis meses junto con el vicealmirante Juan Arnez, ex jefe de la Armada (Marina); y Alejandro Irahola, ex jefe de la brigada mecanizada del ejército.
Los tres oficiales se enfrentan a cargos de participación en un levantamiento armado y terrorismo y se enfrentan a hasta 20 años de prisión, dijo el fiscal general César Siles en la televisión estatal.
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El sábado, Zuñiga fue trasladado de la cárcel de Chonchocoro, en las afueras de El Alto, un municipio vecino a La Paz, al penal El Abra, una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Cochabamba (centro). Las autoridades explicaron que el trasalado fue por “razones de seguridad”, ante el “rechazo” de los presos de Chonchocoro que declararon a Zuñiga “persona no grata”.
Crisis económica y política

Durante la rebelión militar, 14 civiles resultaron heridos con balines disparados por los soldados cuando ingresaron a la plaza donde está el palacio presidencial, en el centro de La Paz, según el gobierno.
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Bolivia, con un largo historial de golpes militares, se ha visto sacudida en las últimas semanas por una crisis económica debida a la caída de la producción de gas natural, su principal fuente de divisas hasta 2023.
El país ha tenido que reducir las importaciones de combustible y hay escasez de dólares, lo que ha desencadenado protestas de poderosos sindicatos de comerciantes y transportistas de mercancías.
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Bolivia también está profundamente polarizada tras años de inestabilidad política, y el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), está desgarrado por el conflicto interno entre los partidarios de Arce y su antiguo mentor, el poderoso Evo Morales. El conflicto recrudeció tras el lavantamiento, con el ex presidente que incluso adhirió a la teoría de que el episodio habría sido impulsado por el propio Arce, algo desmentido por el mandatario.
(Con información de Europa Press y AFP)
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