La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó un nuevo intento de frenar la investidura de Bernardo Arévalo

La máxima entidad judicial de Guatemala rechazó este viernes un nuevo intento por impedir la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo el domingo, al rechazar tres peticiones de amparo por supuestas violaciones constitucionales.

El socialdmócrata Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, enfrentan hasta el último momento una arremetida judicial de diferentes sectores para evitar su asunción, que ha despertado la esperanza en la población ante el hartazgo por la corrupción.

La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, rechazó los amparos interpuestos por el diputado y ex candidato presidencial Lecsan Mérida y la derechista agrupación Liga ProPatria en contra del Congreso.

El ente rechazó las dos acciones al indicar que el pasado 14 de diciembre en una resolución conminó al Congreso a “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral” del año pasado.

Además, recordó que el TSE ya oficializó y validó los resultados de los comicios de junio y agosto pasado donde Arévalo salió victorioso.

El tercer recurso denegado fue de un guatemalteco contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras argumentar que Arévalo cometía ilegalidades por ser secretario general de su partido Semilla y al mismo tiempo asumir como presidente del país. La Corte rechazó el pedido al justificar que “prevalece el interés nacional”.

Arévalo, de 65 años, asumirá el domingo en medio de incertidumbres por la persistente persecución legal en su contra, su partido Semilla, la próxima vicepresidenta y cuestionamientos rivales a los resultados electorales.

El presidente electo ha denunciado “una intentona de golpe” de Estado desde junio pasado cuando, en contra de todos los pronósticos, pasó a segunda vuelta debido a su discurso anticorrupción.

En agosto ganó holgadamente el balotaje ante la ex primera dama Sandra Torres, considerada por los guatemaltecos como la candidata del “continuismo” y de los actores corruptos.

En la víspera, la corte concedió a la vicepresidenta electa un amparo ante la posibilidad de que el Ministerio Público emita una orden de captura en su contra. La Fiscalía acusa a Herrera de incitar las protestas que se produjeron en la Universidad de San Carlos (Usac) en abril de 2022 contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución.

El Ministerio Público ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a su formación política, Movimiento Semilla, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional. Los principales instigadores de esta causa -cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala- son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluidos en una lista de agentes corruptos elaborada por Estados Unidos.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, entregará este domingo la batuta de la nación al mandatario electo después de cuatro años marcados por acusaciones de corrupción y persecución judicial a contra sus rivales, pero blindado de cualquier proceso judicial hasta 2028 debido a que pasará a ser diputado del Parlamento Centroamericano.

Giammattei se despide de la presidencia con una baja aprobación popular y con una administración que no logró cumplir con sus promesas de campaña sobre corrupción, desnutrición e infraestructura.

En sus últimos días de gestión, Giammattei dio su visto bueno a un presupuesto estatal con candados que perjudica a su sucesor y aprobó un decreto para otorgarles seguridad y vehículos a sus ministros durante 5 años.

(Con información de EP, EFE y AFP)