A casi tres meses del magnicidio de Fernando Villavicencio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó las medidas cautelares a favor de los amigos más cercanos del político y amplió la protección a favor de Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, y de sus hijos.
El 20 de agosto, once días después del asesinato del expresidenciable, Christian Zurita obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión. Este 1 de noviembre la CIDH indicó que dicha protección se mantiene para Zurita; para la excandidata a vice, Andrea González Nader; para el exjefe de campaña Antonio López y para Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio.
Dentro de la nueva resolución también se incluyó a Sarauz y a sus hijos, pues el pasado 27 de septiembre, la seguridad de Sarauz alertó sobre un intento de ataque en Quito, cuando la mujer se movilizaba en un vehículo.
La CIDH decidió realizar cuatro solicitudes al Ecuador. La primera consiste en que el Estado continúe implementando las medidas de protección para Zurita, González, López y Figueroa. La segunda medida se refiere a reforzar las medidas para proteger la vida e integridad de Verónica Sarauz y sus hijos. La CIDH también pidió que las medidas que el Estado adoptará sean concertadas con las personas beneficiarias y su representación; y que el Ecuador informe las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
El magnicidio es un caso de interés para los Estados Unidos
A mediados de octubre, la embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un comunicado sobre las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, ex legislador y candidato a presidente en las actuales elecciones. En dicho texto, la Misión Diplomática de Estados Unidos expresó su deseo de trabajar con las fuerzas del orden ecuatorianas e intercambiar conocimientos aprendidos de las investigaciones globales sobre el crimen organizado.
La declaración enfatizó en la importancia de defender la legitimidad del sistema democrático y el estado de derecho y señaló cuan amenazados están los derechos de voto cuando un candidato presidencial es asesinado. Además, se señaló que los incidentes violentos relacionados con las elecciones representan un riesgo directo para la democracia del Ecuador.
Según informes, el gobierno de Estados Unidos accedió a la solicitud del Presidente ecuatoriano de asesoramiento profesional y apoyo técnico a través del FBI. En el comunicado se reiteró que Estados Unidos mantiene su compromiso de ofrecer a las autoridades ecuatorianas apoyo técnico y profesional.
También se mencionaron las recompensas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estos incluían hasta USD 5 millones por información que resultara en la captura y condena de los conspiradores y autores intelectuales del asesinato, así como hasta USD 1 millón por información que condujera a la identificación o ubicación de los principales funcionarios del grupo. La declaración explicó cómo las personas pueden compartir información sobre estas recompensas manteniendo la privacidad de sus identidades.
El ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que, en la primera semana desde que Ecuador fue incluido en el programa de recompensas de los Estados Unidos, hubo 32 llamadas ciudadanas. De estas, 25 brindaron información sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado a 11 días de las elecciones del 20 de agosto en Quito. Las llamadas restantes, en cambio, denunciaron delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Casi la mitad de las llamadas (46%) se produjeron desde la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito. El 28% se hicieron desde el Guayas, cuya cabecera cantonal es Guayaquil y el 9%, de El Oro, una provincia costera ubicada al sur del país.
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