Pese a un fallo judicial, un senador uruguayo se niega a presentar la declaración jurada de su esposa, hija de un magnate ruso

(Desde Montevideo, Uruguay) “¿Vos sabés quién es Juan Sartori?”. La pregunta invadió los medios de comunicación y las redes sociales a fines de 2018, cuando los partidos políticos uruguayos definían las candidaturas para las elecciones presidenciales primarias del año siguiente. La campaña de expectativa era parte de la presentación de un outsider que desembocaba a la política para competir en la interna del histórico Partido Nacional, que tenía como candidato favorito al futuro presidente, Luis Lacalle Pou.

¿Quién es, entonces, Juan Sartori? Es un empresario multimillonario, dueño del Sunderland inglés, fundador de Union Agriculture Group y esposo de Ekaterina Rybolovleva, hija del magnate Dimitri Rybolovlev, dueño del club Mónaco de Francia.

Sartori es, también, un político que tras perder las primarias con Lacalle Pou encabezó una lista al Senado y ganó la banca, aunque es uno de los legisladores con más faltas al Parlamento.

Desde el inicio de la gestión, Sartori ha mantenido un enfrentamiento con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la conocida como “Junta Anticorrupción” de Uruguay, a la que hay que presentar una declaración jurada con la declaración del patrimonio.

En su última declaración jurada, el patrimonio neto de Sartori sumaba USD 131 millones, según informó en agosto Búsqueda. Buena parte de su fortuna corresponde a la participación en tres sociedades, que registraron mayores ganancias que el año anterior. El total de los activos del empresario creció de un año USD 39 millones.

Hay una constante en las tres declaraciones juradas que presentó desde que es legislador: en ninguna incluye el patrimonio de su esposa. El casillero del formulario en el que tiene que informar sus ingresos está vacío y en las observaciones del documento escribió: “Separado de bienes con Ekaterina Sartori según régimen de Suiza con fecha 14 oct 2015″.

La Jutep intentó que Sartori diera los datos de su esposa y el legislador pidió prórrogas en varias ocasiones. Luego presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la “ley cristal”, que obliga a los funcionarios a presentar la información sobre el patrimonio de sus cónyuges. El argumento esgrimido por el legislador es que con la exigencia de la presentación de bienes sobre su esposa “se viola el derecho a la privacidad, específicamente a la intimidad y se contraviene el derecho a la seguridad jurídica”, establecido en la Constitución.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que falló por mayoría a la solicitud que hizo la Jutep al senador del Partido Nacional y aseguró que es constitucional la ley que lo exige, informó este viernes el medio uruguayo.

Tras conocer el fallo del máximo tribunal judicial, Sartori reaccionó en su cuenta de Twitter e informó que no presentará la declaración de bienes de su esposa. “Parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones”, escribió. El legislador resaltó que su documento está completo y ya fue aprobado por la Jutep.

“Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Quien cumple la función pública soy yo, no ella”, respondió el senador.

El empresario escribió que prefiere enfrentar las sanciones antes que “ser parte de un sistema que ya fue”.

Con esta decisión, el senador del Partido Nacional se expone a una retención de la mitad de su salario y a ser inhibido de ejercer cargos públicos en el próximo mandato, según dijo la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, a Telemundo. Deberá presentar la declaración jurada dentro de los primeros 15 días hábiles de conocida la sentencia.

“No llega a comprender el fin último de esta legislación. Uruguay está obligado por la firma de muchísimos convenios internacionales a cumplir con la normativa que va (en la línea) de la mayor transparencia posible”, sostuvo.