El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó con firmeza el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, y dijo que un ataque así representa “una grave amenaza a la democracia”.
En un comunicado emitido casi 24 horas después de los hechos y desde su lugar de vacaciones, Guterres dijo que ya el pasado 21 de julio se reunió con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, y discutió con él “el deterioro de la seguridad en Ecuador (y) el impacto del crimen organizado”.
Guterres reiteró que la ONU seguirá apoyando a las autoridades del país para hacer frente a la violencia, pero dentro del “respeto a los estándares internacionales de derechos humanos”.
El secretario general se suma al coro de condenas internacionales al crimen en Quito, por el cual ya han sido detenidos seis ciudadanos colombianos por su presunta conexión con los hechos.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) manifestó este viernes su preocupación por la violencia en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial y pidió a las autoridades salvaguardar los derechos humanos.
En un comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que AI está “sumamente preocupada” por la actual situación y por la serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas.
“Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación” y las autoridades “deben tomar medidas” para investigar estos crímenes, añadió.
“Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador”, subrayó la directora.
En su comunicado, la organización no gubernamental dice que Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada.
El 3 de mayo, el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional “para reprimir la amenaza terrorista” en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden.
El 17 de mayo, agrega la nota, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó elecciones para el 20 de agosto.
El estado de excepción declarado en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último de una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión.
Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, que les permite entrar en residencias y locales para hacer registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, AI recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país, agrega.
(Con información de EFE)
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