Denunciaron abusos sexuales en un cuartel militar de Ecuador

La Fiscalía abrió una investigación preliminar tras recibir dos denuncias por presuntos delitos sexuales cometidos en la Tercera División del Ejército de Tarqui en Cuenca, al sur del país. Un soldado recluta y una subteniente presentaron sus denuncias alegando abuso sexual cometido por compañeros suyos en el recinto militar.

La división militar de Tarqui es un cuartel que se emplaza en una zona céntrica de la ciudad de Cuenca, ubicada en la serranía ecuatoriana, a 530 kilómetros de Quito. Cuenca es la tercera ciudad en población del Ecuador con aproximadamente 278.000 habitantes.

Se informó que el primer incidente denunciado ocurrió en diciembre de 2022, cuando la subteniente declaró haber sido víctima de violación. Sin embargo, en ese momento no habría formalizado su denuncia ante la justicia ordinaria debido a presiones de sus superiores, quienes la amenazaron con comprometer su carrera militar si presentaba la denuncia. En marzo de 2023, tras el segundo incidente, decidió presentar oficialmente la denuncia.

En marzo, un recluta pidió permiso para salir del cuartel y luego llamó la subteniente para pedir su ayuda. La recluta aseguró en su llamada a la subteniente que había sido sedada, que estaba en ese momento acompañada por dos militares y que sentía en riesgo su integridad. La subteniente salió inmediatamente de su unidad militar para ayudarla y ahora enfrenta cargos de desobediencia por salir sin permiso de su recinto militar, según se ha reportado en la prensa local.

De acuerdo con El Mercurio, Ramiro Ordóñez, defensor del pueblo de la provincia de Azuay, informó el actual curso de una investigación penal que se está procesando en contra de algunos miembros de las fuerzas armadas en Cuenca. El funcionario dijo que la primera indagación abierta sobre el caso investiga a un teniente del ejército que abandonó inesperadamente su puesto. Ordóñez explicó que la subteniente acudió al llamado de auxilio porque estaba pasando por un episodio similar, siendo además víctima de un delito que está en investigación.

El hecho más reciente ocurrió en marzo del año pasado y el anterior en diciembre de 2022. La Defensoría del Pueblo del Azuay recibió ayer el testimonio de la teniente y la audiencia continuará el próximo jueves 25 de junio. Según la Defensoría del Pueblo, estas denuncias revelaron otras actividades reñidas con la ley, los derechos y la moral pública que serán investigadas en esta Tercera División del Ejército.

Hasta la fecha, las autoridades han identificado quiénes pudieron haber facilitado la salida de los conscriptos en ambos casos. Según se informa, las autoridades militares han presentado una denuncia ante la fiscalía. Además, se introdujo un procedimiento administrativo interno de conformidad con las normas militares. En caso de encontrar culpables a los oficiales que este momento son investigados, la sanción será la expulsión inmediata de la institución.

Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar sobre las dos denuncias presentadas. El fiscal involucrado debe reunir pruebas suficientes para determinar si habrá una audiencia de acusación, que marcará el inicio del juicio.

Sobre el asunto, en un comunicado oficial, el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, un general de división en servicio pasivo del Ejercito del Ecuador, manifestó que al recibir “la información respecto de las denuncias de actos reñidos con la moral que pueden derivar en delitos, puesta en contra de oficiales de la Fuerza Terrestre, que prestan servicio en Azuay, dispuse al comandante general del Ejército se preste la más absoluta colaboración a la Fiscalía para aclarar este caso, al mismo tiempo que se inicien procedimientos disciplinarios urgentes para analizar los hechos y tomar las medidas más duras que nos permitan la ley y los reglamentos”.

El secretario de Estado reafirmó la política de intolerancia absoluta frente a cualquier forma de corrupción en las Fuerzas Armadas, especialmente si hay personal involucrado en delitos de violencia de género, pues, aseguró, que se trata del honor militar y la protección de la imagen de la institución.

El ministro destacó que la ley garantiza la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso para aquellos acusados de delitos penales, por lo que se debe esperará el avance del proceso judicial abierto para estos casos. El general Lara aseguró que el pueblo ecuatoriano puede tener la certeza de que se tomarán medidas ejemplares, tanto disciplinarias como legales, no solo contra los presuntos autores, sino también contra aquellos que posiblemente encubrieron estos hechos y aquellos que no cumplieron con su deber de supervisar para prevenir este tipo de situaciones con el personal militar, con independencia de su rango.

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