
Mario Marcel es el ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric y es el integrante mejor evaluado de todo el gabinete, según los sondeos. Fue presidente del Banco Central hasta 2022 y es respetado por buena parte del empresariado. En Chile es considerado una especie de cable a tierra en materia de responsabilidad fiscal, se opuso con firmeza a los retiros de los fondos de pensiones, y ahora entró en escena para un desafío clave: intentar calmar los ánimos después de las reacciones que generó el anuncio de una estrategia nacional del litio con el Estado controlando todo el ciclo productivo, en alianza con el sector privado.
“Ha habido una interpretación simplista, son muchas las variedades posibles de asociaciones y participación público y privada”, indicó Marcel en el programa Estado Nacional de TVN, donde abordó los principales cuestionamientos al anuncio, en medio de críticas de gremios empresariales de sentirse “descolocados” y la reacción de los mercados, plasmadas en el desplome que sufrieron en la Bolsa de Comercio de Santiago las acciones de SQM, empresa que opera el Salar de Atacama y que representa el 30% de la producción mundial del recurso.
“Me dio la impresión que tendió a pensarse que esto significaba participación mayoritaria del Estado en cualquier proyecto en la industria del litio, pero eso no es lo que dice el discurso del Presidente”, aclaró Marcel.”Lo que se busca es una participación del Estado que se vaya adecuando a las características de los proyectos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr lo que no se puede detallar en un contrato, porque los contratos nunca son completos, en el sentido de ponerse en todas las situaciones posibles que se puedan presentar; con el propósito de generar una renta mayor para el Estado, para el país y para la ciudadanía, a través de la participación, en este caso, en la propiedad”, señaló.
“Hay dos precisiones que son importantes de recordar. El tema del control lo define para los contratos en el salar de Atacama y además ese control se puede ejercer de distintas maneras”, explicó el ministro de Hacienda. “Para nuevos proyectos en los cuales se produzca esta asociación público-privada habrá participación mayoritaria del Estado en aquellos que tengan significación estratégica”, explicó.
Marcel insistió que lo que propone el nuevo diseño es que el Estado tenga el control sólo en aquellos salares calificados como estratégicos -entre ellos el Salar de Atacama-. Además indicó que hay diferentes opciones para encabezar estas futuras asociaciones, más allá de disponer del 51% de la propiedad de estas sociedades.
“La definición para el Salar de Atacama es tener el control. Hay muchas formas de ejercer el control como sociedad: puede ser a través de la participación mayoritaria; puede ser a través de cláusulas especiales, de pactos de accionistas; esto en el sector privado pasa todo el tiempo”, explicó Marcel, en un intento concreto por disminuir la temperatura de las críticas.
“La ley establece que no se pueden entregar concesiones como las que se entregan en la minería del cobre. Sólo admite la posibilidad de que participen privados, ya sea través de contratos -como los que tienen ahora dos empresas con Corfo- o mediante su propia producción”, señaló. “No hay ninguna obligación de cederle una parte al Estado, se van a respetar los contratos como están”, sentenció el ministro de Hacienda.
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