En medio de la controversia por la fuga de María de los Ángeles Duarte y su llegada a Venezuela, Argentina y Ecuador subieron la apuesta y avanzaron con sendas expulsiones de los embajadores.
Pocas horas después de que trascendiera que Ecuador había convocado al embajador argentino, Gabriel Fuks, para responder consultas en torno al escape de la ex ministra María de los Ángeles Duarte de la embajada de ese país en Quito, el Gobierno de Guillermo Lasso declaró persona no grata al representante diplomático argentino en el país andino y le pidió que abandone el territorio.
Si bien Quito aclaró que no está expulsando formalmente a Fuks, simplemente lo declara persona no grata, la consecuencia de esta decisión es que el diplomático argentino deberá dejar el país.
Para la Cancillería argentina, el representante en Quito fue expulsado, y este contrapunto es uno más de la saga que lleva varios meses. En esa línea, poco después de la decisión de Ecuador, Argentina decidió expulsar al embajador de Lasso en Buenos Aires, Xavier Monge Yoder.
Duarte estaba refugiada en la sede diplomática de Buenos Aires desde hacía más de dos años y medio para evitar ir a la cárcel por una condena por corrupción.
En medio del escándalo, el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, brindó una conferencia de prensa en la que reveló que, por un lado, “no hay registro de que ha salido de manera regular de Ecuador” y tampoco “hay registros de que Duarte haya entrado a Colombia de manera regular”.
“Esperaremos que esta decisión no perjudique mayormente a la relación que ha sido tradicionalmente buena, basada en el respeto mutuo”, agregó Holguín, que además adelantó que le darán un “tiempo prudencial” a Fuks para que deje Quito.
“La Cancillería del Ecaudor ha concluido que se han violado la confianza mutua y la buena fe que deben imperar en la relación entre los Estados”, sostuvo un comunicado. En esa línea, el Canciller dijo que el Gobierno de Lasso espera que este “momento de tensión provocado por un factor externo” sea superado.
Por otro lado, Quito llamó a consultas a su embajador en Argentina.
Asilo político
El Gobierno del peronista Alberto Fernández comunicó el pasado 1 de diciembre a la Cancillería ecuatoriana su decisión de conceder el asilo a Duarte, que estaba alojada en la embajada argentina en Quito junto a su hijo desde el 20 de agosto de 2020.
Sin embargo, el Gobierno de Lasso se opuso a otorgar a Duarte el salvoconducto que le permitiese salir de Ecuador sin ser detenida.
Duarte fue condenada en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso “Sobornos 2012-2016″, una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.
La ex funcionaria, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, al igual que Correa, que aduce la condición de refugiado en Bélgica, lo que traba una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica, ha mantenido una estrecha relación con el actual mandatario argentino y con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
(Con información de EFE)
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