La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez acusó este miércoles al partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS) de montar un caso en contra de su hija, Carolina Ribera, con el fin de atacarla, a propósito de la investigación iniciada por la Fiscalía sobre los movimientos financieros de la joven.
En una carta dirigida a Ribera y difundida en sus redes sociales, la ex mandataria transitoria sostuvo que “al régimen de Luis Arce ya no le es suficiente con haberla secuestrado y tenerla en prisión desde hace 697 días”.
“Me quieren destruida y saben que mi única razón de ser son mis hijos, Carolina y José Armando”, señaló Áñez, quien también consideró que “en un plan desalmado y sin límites” ahora se busca incriminar a Ribera “en nuevas patrañas montadas” en su contra “con el único fin de destrozarme”.
“Dejaste a un lado tu propia vida por defenderme y buscar verdadera Justicia, sin apoyo y sin otra fuerza que la educación, los valores y las mismas convicciones democráticas que defienden la mayoría de los bolivianos”, dice Áñez en la nota, dirigiéndose a su hija.
La ex presidenta aseguró sentir “dolor” e “impotencia por no poder estar junto a Ribera en estos momentos y mencionó que la vida de su familia “ha sido durísima y prácticamente pública” desde que la detuvieron en marzo de 2021.
Hace pocos días trascendió en los medios un documento sobre las investigaciones del Ministerio Público a Ribera y a Natalia Ibáñez, la prima del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas.
Para la indagación, la Fiscalía, a través de un requerimiento al Departamento de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) pidió informes a 32 instituciones sobre las actividades de la hija de la ex mandataria transitoria.
“Investiguen, no tengo nada que esconder”, sostuvo Ribera, para quien la acción de investigación es un intento de amedrentamiento por su lucha por la libertad “y un juicio justo” para su madre.
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, replicó que “de ninguna manera” se trata de un caso de persecución política y que no se va a permitir “impunidad”.
Áñez, encarcelada desde marzo de 2021, fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado I” acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y tiene otros procesos en su contra por la crisis política y social de 2019 y algunas acciones durante su gestión transitoria.
El gobernador Camacho también está detenido preventivamente desde diciembre de 2022 en una cárcel del altiplano en un proceso también por los hechos de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Panamá activa sistema satelital europeo para evaluar daños del terremoto y sus réplicas
Copernicus proporcionará mapas de las zonas afectadas para orientar las operaciones de emergencia
La Policía de Nicaragua destina más recursos a la protección de Ortega y Murillo que a la seguridad vial
La partida para Protección de Personalidades suma C$ 248 millones y 1.269 cargos, frente a C$ 71,7 millones y 345 puestos del programa encargado de prevenir siniestros de tránsito en Nicaragua
Clínicas móviles en Honduras se convierten en alternativa ante huelga de médicos
Cada unidad tiene capacidad para atender al menos 300 pacientes diarios en consulta general y realizar alrededor de 100 exámenes preliminarmente
El mar se tragó cultivos y terrenos de Isla Cañas tras el terremoto en Panamá
Los residentes describen un paisaje irreconocible después del sismo. La comunidad enfrenta pérdidas agrícolas, daños en viviendas y afectaciones en una de las principales zonas de anidación de tortugas marinas
La comisión legislativa de Finanzas del Congreso de Guatemala condiciona los aumentos presupuestarios de 2027 al avance del gasto público
El Organismo Ejecutivo había utilizado el 65.5% de sus recursos al 30 de septiembre, a menos de 90 días del cierre fiscal, mientras los diputados revisaban las solicitudes de las carteras estatales
