La Fiscalía General de Brasil ha emitido este viernes cinco órdenes de captura, entre ellas las del cesado gobernador de Distrito Federal, Ibaneis Rocha, y la del exsecretario interino de Seguridad Fernando de Souza Oliveira por los hechos ocurrido el pasado 8 de enero en la capital, cuando una turba de sediciosos acólitos de Jair Bolsonaro atacaron las sedes de los tres poderes.
El objetivo de las autoridades es recoger más evidencias que ayuden a esclarecer por qué ambos habrían dejado de tomar las medidas necesarias para evitar los actos violentos de aquel día. La orden de la Fiscalía también conlleva nuevos registros en el Palacio del Buriti, sede del gobierno de la capital, así como en los domicilios particulares de Rocha y Oliveira.
Rocha fue cesado de su cargo como gobernador de Distrito Federal de manera momentánea durante noventa días un día después de los ataques tras un fallo del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.
Por su parte, Oliveira asumió el cargo de secretario interino de Seguridad de la capital mientras permanecía de vacaciones en Estados Unidos el titular, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, quien está ya en prisión por supuesta connivencia y omisión de sus funciones durante los ataques.
Las Fuerzas Armadas garantizan que no habrá otro intento de golpe
Las Fuerzas Armadas de Brasil garantizan que no habrá otro intento de golpe de Estado como el que perpetraron miles de bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero en Brasilia, según afirmó este viernes el ministro de Defensa, José Múcio.
“No tengan la menor duda de que otro (episodio) como aquel no ocurrirá porque las Fuerzas Armadas se anticiparán a él”, aseguró Múcio a los periodistas, tras participar en la reunión que mantuvo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la cúpula militar.
Este ha sido el primer encuentro entre el mandatario y los comandantes del Ejército, general Júlio Cesar de Arruda; de la Marina, almirante Marcos Sampaio Olsen; y la Aeronáutica, teniente brigadier, Marcelo Kanitz Damasceno, desde el asalto de Brasilia del 8 de enero.
Ese día, miles de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, invadieron y causaron graves daños en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento por derrocar a Lula y devolver al poder al líder ultraderechista.
Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos y durante su gestión (2019-2022) llenó de militares el Gobierno, está siendo investigado en el Supremo por incitar a sus simpatizantes a atacar la democracia.
Múcio dijo que ese asunto “no fue discutido” en la reunión, pero indicó que “los militares son conscientes y están de acuerdo” en “tomar providencias” contra los implicados en la intentona golpista, entre los que se sospecha que hay algunos miembros de las FF.AA. activos y de la reserva.
“Entiendo que no hubo un envolvimiento directo de las Fuerzas Armadas. Si algún elemento, individualmente, participó, responderá como ciudadano”, señaló.
El ministro también subrayó que “todos se indignaron” con el asalto a los tres poderes, aunque pidió moderación en las acusaciones “en el calor de la emoción”.
Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, afirmó la semana pasada, en un desayuno con periodistas, que cree que “muchos” militares y policías fueron “conniventes” con los golpistas que depredaron los edificios públicos, lo que ha generado cierto clima de desconfianza entre el gobernante y algunos sectores de las FFAA.
Sin embargo, Múcio afirmó que Lula manifestó en la reunión de este viernes su “entusiasmo” y “fe” en el trabajo de la actual cúpula militar, y les trasladó su objetivo de modernizar las tres fuerzas, como ya hizo en sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010.
“Tenemos que pacificar este país, hay que gobernar”, expresó el ministro, quien dijo que el objeto de la reunión fue discutir las necesidades más urgentes de las tres fuerzas.
(Con información de EP y EFE)
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