El escándalo de corrupción que mancha al gobierno de Guillermo Lasso tiene un nuevo episodio. La noche de este jueves se realizaron ocho allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito en la investigación que la Fiscalía General del Estado ha denominado como Caso Encuentro, en referencia al slogan que la administración de Lasso usó hasta la noche del jueves: “El gobierno del encuentro”.
La mañana de este viernes, el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, en un encuentro con la prensa en el Palacio de Carondelet de Quito, aseguró que “el gobierno del Ecuador ratifica su firme postura de que se investigue lo que se deba investigar” y se mantuvo en que “no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno del Ecuador”.
El equipo periodístico del medio digital La Posta, liderado por Andersson Boscán, ha revelado una estructura de corrupción en el sector eléctrico del país que estaría liderada por el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y operada por funcionarios de ese sector estratégico.
El presidente Lasso, en una entrevista con Plan V, aseguró que conoce desde al menos 60 años a su cuñado y que es una persona íntegra. Por su parte, Danilo Carrera ha impulsado una demanda legal en contra de Boscán por USD 500.000, pues ha asegurado que no está vinculado a ninguna estructura criminal y sospecha que pudieron haber “tomado su nombre” sin su autorización.
Además, Boscán ha recibido múltiples amenazas en contra de su vida desde que inició con las entregas de la investigación a la que ha denominado El Gran Padrino.
Los nuevos audios que ponen en duda la “tolerancia cero” frente a la corrupción que tanto ha pregonado el Ejecutivo, involucran al exfuncionario Hernán Luque, que fungió como gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, entre julio de 2021 hasta diciembre de 2022, y al ciudadano Rubén Chérrez, quienes habrían pedido dinero para gestionar cargos en las empresas públicas del sector eléctrico.
En uno de los audios, Chérrez pide una cuota mensual de USD 30.000 “para Danilo”.
El ministro Jiménez ha enfatizado nuevamente en que “un exfuncionario inculpado no representa a ningún gobierno”. Además indicó que “el gobierno del Ecuador ratifica que seguirá colaborando con la fiscalía y las demás autoridades de justicia para el esclarecimiento de los hechos”.
El presidente Guillermo Lasso pidió a las autoridades policiales que ubiquen a Luque y Chérrez. Según informó el ministro del Interior, Juan Zapata, de acuerdo con los registros migratorios, Luque habría ingresado a Argentina el 9 de enero, mientras que Chérrez arribó al Ecuador el 3 de enero de este año.
La Fiscalía General del Estado informó que en los ocho allanamientos simultáneos se levantaron varias evidencias, como documentos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, computadores, joyas, entre otros elementos que serán periciados y valorados durante el desarrollo de la investigación.
Sobre qué domicilios fueron allanados, el ministro Jiménez dijo que no les compete revelar los nombres de las personas a las que se les aplicaron los allanamientos, pero aseguró que no se allanó el domicilio del cuñado del presidente, Danilo Carrera.
Al ser cuestionado sobre la denominación que la Fiscalía del Estado dio al caso de corrupción, el secretario de la administración, Iván Correa, respondió que no es importante el nombre que se le ha dado a la investigación sino determinar quiénes son los responsables y que estos respondan ante la justicia.
Frente a los allanamientos de la última noche, La Posta publicó que el secretario anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso, Luis Verdesoto, precisó que “no cabe ninguna reacción” de su parte. Mientras que el congresista líder de la bancada oficialista, Juan Flores, se pronunció y dijo que: “Esto es parte del proceso que corresponde a cualquier investigación”.
Estas diligencias se realizaron después de 11 días de la revelación periodística.
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