Lula desplazó a otros 13 militares del gabinete de seguridad presidencial de Brasil tras el intento de golpe de Estado

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prescindió este miércoles de otros 13 militares que trabajaban en el gabinete de seguridad de la Presidencia de Brasil y que se suman a los 40 que apartó de la administración de la residencia oficial del mandatario.

El Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable por la seguridad del jefe de Estado, anunció el cambio de personal en la edición de este miércoles del Diario Oficial, en medio del clima de desconfianza entre Lula y las Fuerzas Armadas por el asalto a las instituciones del 8 de enero pasado.

Los militares dispensados ocupaban diversas funciones en la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial, la División Administrativa y en las oficinas del GSI en Río de Janeiro, cuna política del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), investigado en la Corte Suprema por incitar a sus partidarios a atacar los poderes democráticos en Brasilia.

Este nuevo movimiento llega un día después de que el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia prescindiera de los servicios de otros 40 militares que trabajaban en la administración del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en Brasilia.

La semana pasada, en un desayuno con periodistas, Lula acusó a “muchos” policías y militares de haber sido “conniventes” con la invasión y destrucción de las sedes del Parlamento, la Presidencia (Palacio de Planalto) y la Corte Suprema perpetrada por miles de radicales bolsonaristas el pasado 8 de enero.

“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada, es decir, alguien les facilitó la entrada”, manifestó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien tomó posesión de la jefatura del Estado el pasado 1 de enero.

No obstante, antes del asalto de Brasilia, Lula ya quería reducir el peso de los militares en el Gobierno, que ganaron una notable presencia en el organigrama del Ejecutivo mientras estuvo en el poder Bolsonaro, capitán retirado del Ejército.

El presidente de Brasil elevó este miércoles el tono contra su predecesor, a quien culpó directamente de “instigar” el “intento de golpe” de Estado que perpetraron sus seguidores.

“Lo que pasó aquí fue una tentativa de golpe por gente preparada. No sé si el ex presidente lo ordenó, pero lo que sé es que tiene culpa porque se pasó cuatro años instigando odio”, denunció Lula en un acto con representantes sindicales en el Palacio de Planalto.

Lula también responsabilizó a Bolsonaro de “mentir a la sociedad”, insistiendo en que “el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia”.

“La democracia se garantiza con cultura, con libros, con debate, con educación, con comida, con empleo...”, enumeró el gobernante, que asumió el poder el pasado 1 de enero.

Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos sin una previsión oficial sobre su regreso a Brasil, fue incluido, a petición de la Fiscalía General, en la lista de investigados de la Corte Suprema por “incitar” la intentona golpista del pasado 8 de enero.

Ese día, una horda de miles de bolsonaristas radicales invadió y causó graves destrozos en las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo, en un intento para derrocar a Lula y devolver al poder por la fuerza a Bolsonaro.

Como respuesta, el presidente intervino el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia y convocó rápidamente a los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 27 gobernadores del país, para dar una imagen de unidad frente al violento ataque a las instituciones.

En el plano judicial, el Supremo apartó temporalmente al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y ordenó la prisión del ex secretario de Seguridad Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).

La Policía halló en la casa de Torres, un próximo aliado de Bolsonaro, un borrador de decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y “corregir” el resultado de los comicios de octubre, documento que, según el PT, evidencia las intenciones golpistas de Bolsonaro.

(Con información de EFE)

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