La Fiscalía General de Brasil denunció formalmente este lunes ante la Corte Suprema de Justicia a 39 personas vinculadas con los ataques perpetrados a las sedes de los tres poderes, el pasado 8 de enero, cuando radicales bolsonaristas intentaron derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los denunciados, acusados de invadir la sede del Senado, tendrán que responder por seis delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público.
La denuncia, firmada por el vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, respondió a una petición enviada el viernes por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Además de la condena de los implicados, el alto funcionario pidió la prisión preventiva de los denunciados “para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho”.
Asimismo solicitó el bloqueo de bienes por un total de 40 millones de reales (unos 7,7 millones de dólares) para reparar el daño “tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva”, y la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en los casos correspondientes.
El pasado 8 de enero, miles de bolsonaristas radicales invadieron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia en una intentona de golpe que dejó un manto de destrucción en las sedes de los tres poderes.
Por los hechos hay abiertas 7 investigaciones y más de 1.800 personas han sido detenidas, aunque una tercera parte fue liberada por “razones humanitarias” y responderá a un eventual proceso judicial en libertad.
La semana pasada, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema incluir al ex mandatario Jair Bolsonaro en las investigaciones por los ataques a las sedes de los poderes públicos. Tras el pedido, el máximo tribunal decidió incorporarlo en la causa.
El despacho consideró que Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde fines de diciembre, debe ser incluido en la investigación “que busca esclarecer instigación y autoría intelectual de los actos antidemocráticos que resultaron en episodios de vandalismo y violencia en Brasilia”, señala un comunicado de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con el texto, el ex mandatario, que fue derrotado en las urnas por Lula da Silva, “realizó incitación pública a la práctica de un crimen” al subir a sus redes sociales un video cuestionando el resultado electoral de octubre.
El video fue publicado el 10 de enero, dos días después de los ataques en la capital, y eliminado el 11 de enero, detalló la Fiscalía. Pese a que el contenido fue divulgado dos días después de la asonada, el subprocurador general, Carlos Frederico Santos, dijo que la conducta de Bolsonaro debe ser igualmente investigada.
“No se niega la existencia de conexión probatoria entre los hechos contenidos en esta petición y el objetivo de la investigación, más amplia en extensión. Por tal motivo, se justifica la investigación global de los hechos practicados antes y después del 8 de enero de 2023 por el acusado”, alegó Santos, citado en el comunicado.
(Con información de EFE)
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