Los tres posibles escenarios a los que se enfrenta el opositor Luis Fernando Camacho tras su detención en Bolivia

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y el principal opositor boliviano, fue detenido este miércoles bajo órdenes del presidente Luis Arce.

La Gobernación denunció que se trató de un “secuestro en un operativo policial absolutamente irregular” mientras regresaba a su domicilio. El hecho fue fuertemente condenado por la oposición. Una vez se supo de su detención, decenas de simpatizantes tomaron las calles de Santa Cruz e incluso llegaron hasta el aeropuerto con el fin de evitar que el líder político fuera trasladado a La Paz.

Sin embargo, el Ejecutivo boliviano desestimó las denuncias de la oposición, informó sobre la supuesta legalidad del operativo y traslado a Camacho en un helicóptero hasta La Paz, donde fue ingresado en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El Fiscal a cargo explicó que “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que había sido emitida en octubre de este año.

Por el momento se desconocen las consecuencias políticas que este hecho genere en el país andino. No obstante, hay tres posibles escenarios a los que se enfrenta el gobernador de Santa Cruz.

En primer lugar, Camacho podría ser acusado de sedición -un alzamiento colectivo y violento en contra de la autoridad, el orden público o la disciplina militar, en el que subyace la intención de derrocar a los poderes del Estado- y, como consecuencia, quedar detenido por tiempo indefinido.

Para ello, el oficialismo podría aferrarse a una denuncia de la ex diputada del gobernante MAS (Movimiento al Socialismo), Lidia Patty, que data de noviembre del 2020 y en la que se lo acusa de terrorismo tras los hechos relacionados a la crisis del 2019. Estos acontecimientos fueron los que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

Esta denuncia fue efectuada contra otros políticos además de Camacho, entre ellos su padre, José Luis Camacho, y la ex presidente interina Jeanine Áñez, quien está detenida desde marzo del 2021. La ex mandataria fue sentenciada este año a 10 años de prisión por la causa conocida como “Golpe de Estado II” en la que la señalan por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes tras situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial. Todos estos hechos derivaron del conocido “Golpe de Estado I”.

En ese sentido, el futuro de Camacho podría resultar similar al de Áñez y la pena que le fue adjudicada, algo que ella misma señaló y condenó esta tarde. “Repudio y denuncio el abuso intolerable que trae más dolor y odio entre bolivianos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Un segundo escenario, aunque menos probable, sería que el Gobernador firme una admisión pública en la que reconozca los delitos de sedición y terrorismo por los que se lo acusa. Esta posibilidad implicaría dos cuestiones no menores: por un lado, que diera la razón al oficialismo sobre las acusaciones relacionadas a la crisis del 2019, en la que la población alzó su voz contra Morales por cometer fraude en las elecciones; por el otro, que acepte como pena su exilio de Bolivia.

Esto último sería, en pocas palabras, su muerte política definitiva y una señal de victoria para Arce y Evo Morales.

Hay un tercer escenario, sin embargo, que plantea una indefinición sobre su situación procesal y, como consecuencia de ello, se desate una revuelta popular que comience en Santa Cruz, motor económico del país, y se extienda a otras ciudades.

El contexto en Bolivia no dista mucho de este planteo ya que, desde el accionar de las fuerzas policiales esta tarde, Santa Cruz ha quedado envuelta en protestas por parte de los seguidores del Gobernador quienes, en un primer momento hicieron todo lo posible por evitar que se procediera con su detención y traslado fuera del estado, y luego, continuaron expresando su descontento.

El edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fue uno de los focos de estas revueltas, que terminó con su incendio y el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía local para dispersar a la multitud.

Horas antes, los vecinos habían bloqueado las carreteras y avenidas de Santa Cruz y hasta llamaron a una “vigilia” en el domicilio del presidente del Comité Cívico de la región, Rómulo Calvo, a quien advirtieron que Arce también quiere “secuestrar” tras su activa participación durante las protestas de este año en el marco de la solicitud por el Censo de población.

Es por ello, entonces, que de darse una indefinición sostenida sobre su estatus procesal, esta situación podría sostenerse en el tiempo y replicarse en todo el país, con sus debidas consecuencias como el desabastecimiento de combustible y productos, muertes y detenciones.

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