La Comisión de Constitución del Senado chileno aprobó este lunes, de forma unánime, poner en discusión el proyecto de reforma que da inicio a un nuevo proceso constituyente, en el primer paso de su tramitación legislativa para convertirse en norma.
“Pretendemos despachar de la sala del Senado la reforma constitucional la próxima semana”, dijo a la prensa el presidente de la instancia, Matías Walker, de Demócratas, un nuevo partido en formación de tendencia moderada.
Según explicó el senador, uno de los puntos que se discutió fue el calendario, ya que el 14 de mayo, fecha acordada para la elección del nuevo órgano redactor, llamado ahora Consejo Constitucional, Chile celebrará el Día de la Madre.
“Es un día muy sensible para la gente e importante para el comercio. Entonces, se está hablando la posibilidad de retrasar dos semanas esa elección”, apuntó Walker.
El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, señaló que “hoy hubo un debate de altura” y se mostró “abierto” a definir la fecha “en el marco de lo que se ha propuesto, un par de semanas más o un par de semanas menos”.
Varios parlamentarios buscarán revisar otros aspectos incluidos en el pacto como la fórmula para ajustar la paridad del Consejo Constitucional, en caso de que sea necesario, o el rol del Comité de Expertos que acompañará el proceso.
La reforma tendrá que ser aprobada por 4/7 de los parlamentarios, es decir, 29 votos a favor de un total de 50 senadores, en un tiempo récord porque, según lo acordado, en enero se implementará la nueva hoja de ruta.
El Gobierno ordenó la “discusión inmediata” a la reforma constitucional derivada de un acuerdo suscrito el 12 de diciembre por 14 partidos y movimientos, desde la derecha conservadora hasta el Partido Comunista.
El pacto llegó después de más de tres meses de intensas negociaciones entre fuerzas políticas y tuvieron como nudo principal la fórmula para elegir el nuevo órgano redactor.
Finalmente, y tras algunas concesiones tanto del oficialismo como de la oposición, se estableció que se creará un Consejo Constitucional integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. Paralelamente, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que servirá de base al Consejo.
Además, se incluyeron 12 principios institucionales que deberá seguir el órgano redactor y que impedirán una propuesta refundacional. Un grupo de 14 juristas supervisará su cumplimiento.
Reforzadas por el apabullante triunfo del rechazo (62,5 %) en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, la oposición ha marcado el ritmo de las negociaciones, mientras que algunos sectores del oficialismo, aceptaron la propuesta con cierta resignación.
“Yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsamos, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto porque se requieren 4/7 (de los votos) que no tenemos”, declaró hace unos días el propio presidente chileno, Gabriel Boric, en un acto público.
Uno de los argumentos más repetidos por los negociadores del acuerdo fue no repetir “los errores” del anterior proceso, que derivó en una propuesta constitucional que la oposición y varios sectores del oficialismo acusaron de “maximalista”.
El texto fue escrito por una convención 100 % electa, de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos políticos, luego de que un 80 % de la ciudadanía apostara por un cambio de Constitución en un referéndum celebrado en octubre de 2020.
El proceso constituyente chileno se abrió para canalizar el estallido social de octubre 2019, la mayor ola de protestas en Chile desde el fin de la dictadura, que reclamaba mejoras en derechos sociales básicos y una nueva Constitución que enterrara la heredada de la dictadura, una demanda que la sociedad chilena aún respalda.
(Con información de EFE)
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