Estados Unidos condenó este martes la agresión por parte de funcionarios de prisiones contra el disidente cubano José Daniel Ferrer, encarcelado tras intentar sumarse a las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel del 11 de julio de 2021.
“Alarmado por los informes de que funcionarios de prisiones golpearon al preso político cubano José Daniel Ferrer durante una visita familiar”, expresó en redes sociales Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina.
En el mismo mensaje, Nichols subrayó el llamado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “por la liberación de todos los presos políticos en Cuba”.
El funcionario adjuntó un comunicado del presidente norteamericano del pasado viernes en el que instó a que “se libere a los cientos de presos políticos que siguen detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021″.
“Estados Unidos acompaña al pueblo cubano en la reivindicación de sus derechos humanos y del derecho a incidir en el futuro de Cuba”, declaró entonces Biden.
En un comunicado difundido en el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra en Washington cada 10 de diciembre, el Presidente comentó que “a la luz de la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Así, expresó que su Gobierno permanece junto al pueblo cubano “mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba” y dijo que seguirá abogando por la libertad de todos los detenidos en “esta represión brutal”.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció el domingo pasado que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) “fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar” en la cárcel de Mar Verde (Santiago de Cuba, oriente) el pasado 9 de diciembre.
“Su pequeña hija, Victoria Fátima Ferrer, quien corrió en auxilio de su padre, fue también violentada, así como su esposa Nelva”, denunció la agrupación.
El Consejo exigió que Ferrer –uno de los disidentes más conocidos fuera de la isla, y que formó parte del “grupo de los 75″ condenados en 2003 durante la ola represiva conocida como “primavera negra”– sea liberado “inmediata e incondicionalmente” junto con “todos y todas las presas políticos”.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.
Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.
Más de un año después, el disidente fue encarcelado de nuevo por unirse a las protestas del 11J.
La Justicia cubana revocó en agosto del año pasado el beneficio de detención domiciliaria del conocido disidente y lo condenó a permanecer en la cárcel los años que le restan de condena por una supuesta agresión.
Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Justicia 11J aseguraron que ya se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de ellas de hasta 30 años de cárcel.
Los familiares de los condenados y múltiples ONG han criticado desde el inicio estos procesos, sobre los cuales alegan falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas de carácter ejemplarizante.
Asimismo, denunciaron que ni los medios extranjeros ni la organización que aboga por los derechos humanos Amnistía Internacional han conseguido acceder a estos juicios.
(Con información de EFE)
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