El Salvador avanza en su lucha contra las pandillas. Este sábado, más de 10.000 efectivos de la fuerza armada y la policía, junto con las fuerzas élites de seguridad, cercaron la ciudad de Soyapango, en la periferia de la capital.
Se trata del segundo municipio más populoso del país -con más de un millón de habitantes- y el primero en ser intervenido en la quinta fase del Plan Control Territorial -denominada extracción- que el Ejecutivo impulsa. Con él, busca dar con el paradero de los criminales que aún están en libertad y avanzar con su encarcelamiento.
“A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado”, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de Twitter. “8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, agregó.
Soyapango, ubicada a siete kilómetros al noreste de la capital, era hasta hace unos meses uno de los principales bastiones de las pandillas. Es por eso que se movilizó tanto a Unidades de la Sección Táctica Operativa de la Policía como a soldados.
El operativo está encabezado por los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de la Defensa Nacional, contraalmirante Francis Merino Monroy, así como por el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
El despliegue de las fuerzas de seguridad implica una intensa inspección de todos los vehículos de pasajeros y particulares para verificar que “no se movilice ningún ilícito”, así como una identificación al ingreso y la salida de la zona por parte de los habitantes. En tanto, las unidades antiterroristas proceden con registros al interior de las comunidades a fin de localizar y capturar a los pandilleros.
Bukele llevó tranquilidad a los habitantes de la ciudad y les aseguró que “los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados”.
Esta medida es parte del estado de excepción que Bukele dispuso a finales de marzo, cuando el país llegó a registrar hasta 62 homicidios en solo un día. La decisión fue prorrogada varias veces desde entonces y suspende varios derechos constitucionales.
Esto llevó a que, a mediados de noviembre, unas 200 personas protestaran para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos “ilegalmente” durante el régimen de excepción y los acusaron de “complicidad” con las violaciones a derechos humanos.
La protesta fue realizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) que, en un comunicado de prensa leído públicamente, manifestó su rechazo a las actuaciones de los juzgadores.
Señalaron a los jueces que tramitan los casos bajo el régimen de excepción de tener una “complicidad” frente a los “dictados del presidente Nayib Bukele” y afirmaron que esto “los convierte en responsables de violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves” de los detenidos.
Hasta el momento, ya se ha detenido a más de 58.000 presuntos pandilleros y ligados a estas bandas, lo que permitió disminuir el balance de homicidios a 13, según datos del último jueves. Así, noviembre fue el mes “más seguro” en toda la historia del país centroamericano.
(Con información de Europa Press, EFE y The Associated Press)
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