El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que se implementarán “cercos en grandes ciudades” del país centroamericano para “extraer a los pandilleros que aún quedan” y continuar con la guerra contra las mafias.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Bajo la medida del estado de excepción han sido capturados, según lo aseguró el mandatario salvadoreño, más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas.
No obstante, el presidente señaló la tarde de este miércoles que “aún quedan pandilleros y tenemos que ir y extraerlos”, por lo que también anunció el lanzamiento de la fase cinco del Plan Control Territorial, en la que se incorporan al menos 14.000 efectivos militares para la medida.
“La fase cinco es la fase de la extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades. Aún quedan pandilleros y tenemos que ir y extraerlos”, manifestó Bukele durante un evento público en las afueras de San Salvador y en el que no hubo espacio para preguntas de la prensa.
Se trata, de acuerdo con el mandatario salvadoreño, de “cercar grandes ciudades y hacer el proceso de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darles la posibilidad de escapar”.
Dichos “cercos” se comenzarán a implementar “en los próximos días”, aseguró.
El presidente apuntó que “se tomó la experiencia” del cerco implementado a principios de octubre pasado en la central localidad de Comasagua, donde fueron desplegados más de 2.000 militares, tras cometerse un homicidio en dicha zona.
El presidente salvadoreño lanzó al inicio de su mandato en 2019 el Plan Control Territorial, al que atribuye la baja en de los homicidios y del que ya se han implementado supuestamente cinco fases, para frenar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por estas bandas.
Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
Bukele también aseguró que “la gente no le tiene miedo al régimen de excepción” y que el “95 % de la población lo aprueba”.
“La gente no tiene miedo del régimen de excepción, como dicen algunos medios internacionales (...) como dicen algunas ONG. La gente no tiene miedo del régimen de excepción como dicen algunos países poderosos, que más bien nos hundieron en la miseria y en la delincuencia”, afirmó.
Subrayó que “la gente está feliz con el régimen de excepción, con la guerra contra las pandillas y eso no lo decimos nosotros, lo podemos ver en la calle” y agregó que el “95 % de la población aprueba nuestro trabajo de seguridad”.
“La medida mayor aprobada en el mundo es esta (régimen de excepción)”, agregó.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, pero el 75,9 % aprueba la medida.
A mediados del mes de noviembre unas 200 personas protestaron en El Salvador para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos “ilegalmente” durante el régimen de excepción, vigente desde marzo como medida contra las pandillas, y los acusaron de “complicidad” con las violaciones a derechos humanos.
La protesta fue realizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), que en un comunicado de prensa leído públicamente manifestó su rechazo a las actuaciones de los juzgadores.
Señalaron a los jueces que tramitan los casos bajo el régimen de excepción de tener una “complicidad” frente a los “dictados del presidente Nayib Bukele” y afirmaron que esto “los convierte en responsables de violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves” de los detenidos.
“Dichos jueces de instrucción no pueden sustraerse de sus responsabilidades” por las que “responderán”, agregaron y los llamaron a “razonar, recapacitar y enderezar sus actuaciones violatorias a los derechos fundamentales contra miles de personas detenidas ilegalmente”.
Exigieron además que estos funcionarios, que de acuerdo con organizaciones humanitarias han sido nombrados bajo la modalidad de “jueces sin rostro”, revisar los procesos y “poner en libertad a la gente detenida ilegalmente”.
Agregaron que los jueces “han procedido a ampliar los plazos en todos los procesos sin que la Fiscalía justifique” la necesidad de alargar la investigación judicial.
(Con información de EFE)
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