La coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, enfatizó este viernes que las medidas en el contexto de un régimen de excepción en el país centroamericano “deben de estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos”, de acuerdo con una publicación en Twitter.
Una escalada de asesinatos a finales de marzo dio pie a que el Gobierno del presidente Nayib Bukele pidiera la suspensión de garantías constitucionales, bajo un régimen de excepción, medida que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y se ha prorrogado en cinco ocasiones.
Con esta medida, el Ejecutivo dice estar ganando la “guerra contra las pandillas”. No obstante, el Gobierno no ha informado si cuenta con un plan definitivo para atender el fenómeno de las pandillas.
“El régimen de excepción es una decisión soberana de los Estados, y enfatizo la posición que las Naciones Unidas ha expresado desde el principio: las medidas deben de estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos”, publicó Gerstenberg.
Y agregó: “Reafirmo mi convicción y compromiso con trabajar por el respeto irrestricto de los derechos humanos como el camino para la sostenibilidad de la erradicación de la violencia y la construcción de una paz sostenible, inclusiva e igualitaria”.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó a finales de marzo pasado su preocupación ante el aumento del número de homicidios en El Salvador, según una declaración de Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de la ONU.
“El secretario general ha tenido conocimiento, con preocupación, del aumento de la violencia y los asesinatos que tuvieron lugar en El Salvador durante el pasado fin de semana. Expresa su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura y confía en que las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, señaló Dujarric en su momento.
Un grupo de organizaciones humanitarias advirtió recientemente la “anulación” de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el contexto del régimen de excepción, implementado para “combatir” a la pandillas.
Las denuncias que han recibido dichas entidades no gubernamentales superaron las 3.100, de acuerdo con un informe.
En un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Estado salvadoreño informó que hasta finales de julio únicamente se habían llevado ante los tribunales 5 de los más de 80 homicidios que propiciaron el régimen de excepción, mientras que el resto estaba en investigación.
Son más de 52.000 supuestos pandilleros y personas ligadas a estos grupos detenidos en el marco de dicha medida, según el Gobierno. .
(Con información de EFE)
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