Bolivia, militares molestos: el caso de los oficiales detenidos desde hace más de un año sin estar acusados

El general Gonzalo Terceros y el almirante Palmiro Jarjury recordaron a los operadores de la justicia controlada por el gobierno que están presos desde hace más de un año pero que los fiscales todavía no les han hecho ninguna acusación.

Fueron detenidos dentro del caso “golpe I” abierto por Evo Morales contra quienes él identifica como los autores o cómplices del supuesto hecho golpista que le habría obligado a presentar su renuncia y subirse muy aprisa a un avión militar mexicano en noviembre de 2019.

Ellos están presos desde julio del año pasado, pero no saben de qué se los acusa exactamente, aunque el Alto Mando militar no haya exigido que, en estos casos, se aplique la Justicia Militar, un fuero especial que existe desde 1963.

El excomandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kalimán, está en el exilio y otros 25 oficiales en ejercicio están presos, esperando que se les diga exactamente cuáles son los delitos que se les atribuye. Además, hay 240 suboficiales castigados.

Y los jefes policiales destituidos con ignominia suman cerca de medio centenar, como resultado de juicios sumarios ordenados por Morales.

Los abogados de los militares presos enviaron a los fiscales un “memorial” en que dicen: “Es necesario recordarles que ha transcurrido un año, un mes y veinte días de nuestra detención preventiva, sin que haya existido un avance significativo, trascendental y esclarecedor en las investigaciones dentro del presente caso, tomando en cuenta que en fecha 4 de julio de 2021 los representantes del Ministerio Público pidieron seis meses de detención”.

Lo que salió a la luz en las declaraciones recogidas por la justicia es que en los días de la protesta nacional que se dio en octubre y noviembre de 2019 el gobierno de Morales estaba negociando con los militares.

El general Terceros reveló que, en esos tensos momentos, el ministro de Defensa de Morales, Javier Zavaleta, le sugirió al general Kalimán tomar el poder en vista de que la sucesión constitucional estaba frenada por las renuncias en cascada de los funcionarios que estaban en la lista de los reemplazantes.

La idea completa de Zavaleta era que Kalimán tomara el control del gobierno (un golpe autorizado) y luego convocara a Morales para que asuma la presidencia por haber “ganado en primera vuelta”, lo cual no era verdad.

Pero los abogados de Morales dicen que la decisión de la policía y de los militares de no reprimir las masivas pero pacíficas protestas populares fue una conspiración, un “golpe” del que eran cómplices opositores, curas, periodistas y dirigentes cívicos.

Lo que ocurrió después fue que Morales y sus seguidores inmediatos estuvieron en México y luego en Argentina, mientras en Bolivia el parlamento, con dos tercios de sus partidarios, anulaba las elecciones de 2019 debido a las evidencias de fraude que fueron señaladas con todo detalle por la OEA.

Ese parlamento fue el que convirtió en presidente transitorio a la señora Jeanine Áñez, segunda presidente del senado en aquel momento, y que figuraba en la lista de sucesión constitucional.

Además, el parlamento convocó a nuevas elecciones para 2020, en las que Morales no quiso participar y designó como su reemplazante a Luis Arce Catacora, quien había sido su ministro de economía durante doce años y cuatro meses.

El esquema del fraude no había sido desmontado y Arce logró un triunfo de 55% de los votos, que le da una cómoda mayoría en el parlamento, aunque no los dos tercios.

Si se aplicara la Justicia Militar, todos los militares en ejercicio afectados por esta venganza de Morales serían tratados por ese fuero especial. Pero el Alto Mando militar no ha abierto la boca.

En cambio, la Asociación Nacional de Periodistas ha hecho saber que ha habilitado una instancia de asesoramiento y asistencia para sus afiliados, que no podrán ser sujetos a la justicia ordinaria, sino a la Ley de Imprenta en esta arremetida de Morales y sus jueces y fiscales.

Si los periodistas se atreven a recordar a la dictadura la existencia del fuero especial de la ley creada en 1925, los militares tendrían que hacer lo mismo.

Los comandantes actuales podrían alegar, si se atrevieran a contradecir las órdenes del cocalero Morales, que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de 1963, dice: “Artículo 45°.- La Justicia Militar es independiente en su régimen interno. Su personal en lo administrativo depende del Ministerio de Defensa Nacional y en lo disciplinario del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.”

Hay molestia entre los militares bolivianos.

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